Invasión masiva en Antioquia: 1.000 familias se apoderaron de un terreno privado

Una de las invasiones de tierra más grandes del último año en Colombia se levantó en el Urabá antioqueño con el mito de que el predio no tenía dueños y, al estar solo, debía ser del pueblo. Hoy mil familias ocupan treinta hectáreas bajo críticas condiciones de saneamiento básico.

La propiedad está ubicada en el corregimiento El Tres de Turbo. Hasta allí llegó un reconocido líder social, el pasado 3 de junio, con el argumento de que era un terreno baldío y podía ser ocupado. El rumor tomó fuerza y cientos de personas fueron por un pedazo de tierra.

Entre todos se dividieron el suelo en partes iguales, talaron árboles y levantaron ranchos. Sin embargo, dos días después, la Policía Nacional frenó la expansión y los obligó a desalojar. En medio del procedimiento, tres sujetos fueron capturados por cargar una motosierra.

Cuando los uniformados espantaron a los invasores, les restablecieron los derechos a los propietarios y les recomendaron tomar el control de la situación para evitar futuras incursiones: cercar la tierra o contratar seguridad privada, entre otras opciones.

Aumentó la invasión

En el momento en que la fuerza pública salió del sector, volvió la comunidad a tomarse la zona a la fuerza. En cuestión de horas, se multiplicaron los demandantes y, supuestamente, personas inescrupulosas empezaron a ponerles precio a los lotes.

El abogado Juan Francisco Navarrete, defensor de los propietarios de la finca, advirtió que, por información recolectada en Turbo, conoció que las ventas habrían arrancado con cincuenta mil pesos y, cuando se apretó la oferta, cobraron hasta un millón de pesos.

El 15 de junio arribaron 200 policías para sacarlos. Y, si bien hizo presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios —rebautizado como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden—, no tuvieron que ejercer la fuerza y, por voluntad propia, salieron las familias.

Según la institución, los dueños recibieron nuevamente el terreno con el compromiso de ponerle vigilancia para evitar otra invasión dado que, citando el código de seguridad ciudadana, no puede tener oficiales de manera permanente para custodiar la tierra.

Situación sin control

Tal como lo anticipó la fuerza pública, los invasores volvieron al corregimiento El Tres y, hasta finales de julio, el abogado Juan Francisco Navarrete contabilizó a mil familias, provenientes de varios municipios del Urabá, ubicadas en un área de treinta hectáreas.

En su mayoría, los protagonistas de esta historia son víctimas del conflicto armado que llevan décadas buscando una casa propia para resguardarse del sol y el agua. En la zona se han visto a menores de edad, adultos mayores y mujeres en gestación con alto riesgo de vulnerabilidad.

Frente a este escenario, la petición del defensor de los propietarios es que se cumpla la ley al pie de la letra y los invasores desocupen el predio con garantías, pero no ve con buenos ojos el tratamiento que le está dando la Policía Nacional a la situación.

“La Policía de Urabá no ha querido intervenir de manera efectiva. Yo critico eso y se lo he hecho saber al comandante. En las oportunidades que tuvieron para desocupar, las personas volvieron a invadir. Nosotros necesitamos una respuesta”, dijo Navarrete.

Sin embargo, la institución se defendió frente a lo hecho durante el procedimiento que adelantó y aseguró que actuó conforme a la ley.

Ahora, la pelota está en la Inspección de Policía del municipio de Turbo, desde donde se darán los nuevos lineamientos en el traumático pleito.