Investigan al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en millonario contrato

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para esclarecer las supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato vial que superó los $22 mil millones de pesos.

El objetivo del proyecto era el mejoramiento de las carreteras terciarias de los pueblos del occidente del departamento. Sin embargo, las intervenciones de varios corredores habrían quedado inconclusas, entre otros hallazgos que son materia de estudio.

El Grupo Especial de Seguimiento a Regalías del ente de control disciplinario puso en evidencia presuntas deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra. También insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil.

Finalmente, mostró preocupación porque la ejecución del contrato habría sido asignada a la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), pero lo trasladó al contratista Sigma Construcciones S. A. sin tener en cuenta las disposiciones legales.

Aunque Aníbal Gaviria Correa deberá responder por ser la cabeza de la Gobernación, encargado de verificar el desarrollo de la iniciativa, de igual manera, fueron involucrados en el proceso de investigación los funcionarios que tuvieron relación con el tema.

Es decir, las personas que estuvieron liderando la Secretaría de Infraestructura entre los años 2020 y 2021: Juan Pablo López y Santiago Sierra. También la supervisora del contrato de interventoría y el director de la Asociación de Municipios del Urabá.

Redada contra cuatro gobernadores

La Procuraduría General de la Nación también abrió investigaciones en contra de los gobernadores de Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones.

Los proyectos, presuntamente inconclusos, están relacionados con infraestructura vial y fortalecimiento de emprendimientos agrícolas.

“El incumplimiento de normas, el mal manejo de recursos públicos y otras irregularidades como la falta de planeación en los proyectos de inversión pública pueden comprometer la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos”, señaló el procurador delegado para Seguimiento a Regalías, John Harvey Pinzón.

Por ello, el ente de control les está solicitando a las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los diferentes proyectos las pruebas documentales y testimoniales necesarias para determinar la responsabilidad de los investigados.

En el departamento del Huila, el proyecto cuestionado tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, por un valor de $ 18.215 millones.

Además del gobernador Dussan López, en la investigación están involucrados la actual secretaria de Vías e Infraestructura, el secretario de Planeación y el interventor.

El proyecto por el que se investiga al gobernador de Guainía y al representante legal de la firma interventora está relacionado con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por una suma de $ 16.150 millones.

Este contrato, cuya ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.

Frente a estas denuncias sobre el abandono de la obra y al evidente mal estado de la vía Inírida-Caño Pato, la Procuraduría Regional Guainía inició indagación preliminar el 10 de mayo de 2022.

El proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta, por el que, además del gobernador, se investiga al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y a la secretaria de Educación departamentales, aseguraba en el papel que lograría aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, mejorar la producción y el área de los cultivos, y capacitar sobre el manejo integrado de estos.