Luis Fernando Cuesta Lozano, líder social asesinado en Apartadó, Antioquia.
Luis Fernando Cuesta Lozano, líder social asesinado en Apartadó, Antioquia. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Apartadó.

Antioquia

Investigan el homicidio de un líder social en el Urabá antioqueño

La Policía activó una unidad especial para dar con el paradero de los responsables.

23 de agosto de 2022

Las autoridades en Antioquia tratan de esclarecer el paradero del hombre armado que le arrebató la vida a Luis Fernando Cuesta Lozano, un conocido líder del municipio de Apartadó. A él le dispararon mientras estaba laborando en un establecimiento comercial de esta localidad del Urabá.

De acuerdo con el reporte del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la víctima apareció en el tarjetón de las elecciones locales que se realizaron en 2019. Cuesta Lozano aspiró al Concejo de este municipio por el Movimiento Cívico Cañizalistas. En esa oportunidad, contó con el respaldo de 254 ciudadanos.

La Policía Nacional detalló que el cadáver apareció tendido sobre la vía conocida como Alfonso López. Luego de los procedimientos judiciales, las unidades establecieron que la muerte llegó por un impacto de bala en su tórax. Una vez el delincuente accionó la pistola, huyó de la zona sin dejar rastro del crimen.

Mediante un comunicado dirigido a los medios de comunicación, la institución aclaró que “se encuentra realizando todas las actividades correspondientes con el fin de dar con el paradero del autor de este hecho tan lamentable”, señaló el contado de la Policía del Urabá. En el mismo texto pidió el apoyo de la comunidad para el esclarecimiento.

Desde entonces, las voces de rechazo no se han hecho esperar. La Alcaldía de Apartadó lo reconoció como un activista dentro de la localidad. “La administración lamenta el fallecimiento de Luis Fernando Cuesta, líder comunitario y social de nuestro municipio. Deseamos fortaleza en este momento difícil a familiares y amigos”.

Aunque las autoridades no han encajado este asesinato con la labor que desempeñaba en el territorio, se tiene sobre la mesa el asedio que sufren los líderes en esta subregión de parte de los grupos armados. Sobre todo, el Clan del Golfo, que opera con amplio despliegue en todas las poblaciones del Urabá.

Justamente, Apartadó está cobijada desde 2020 con una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo a razón de la vulnerabilidad a la que están expuestas sus habitantes por el uso de la violencia. Allí se han cometido homicidios selectivos, hay denuncias de desplazamiento forzado e instrumentalización de jóvenes para los negocios ilícitos.

Según los cálculos de Instituto para el Desarrollo y la Paz, en lo que va corrido de 2022, cerca de 120 líderes sociales han perdido la vida violentamente en Colombia. En la última semana, también se sumó el homicidio de un vocero visible de los campesinos en el nordeste del departamento luego de ser secuestrado por el Clan del Golfo.

La Gobernación de Antioquia confirmó el asesinato de Elmer Lenin Guerra Castro. Él fue retenido en la zona rural del municipio de Remedios por miembros de ese grupo armado junto a su compañera sentimental, Yuliana Galeano Luján, secretaria de la junta de acción comunal de la vereda El Carmen.

El cadáver del hombre fue recuperado por los miembros de la comunidad cuando activaron un mecanismo de búsqueda urgente entre los vecinos. Guerra Castro fue visto al pie de la carretera que conduce de la vereda Cañavera hacia el casco urbano de Segovia, sitio minado por el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esa práctica ilegal habría sido instalada en varios sectores de Segovia y Remedios para controlar el territorio a razón de que el ELN tiene la intensión de dominar las rentas delincuenciales. Esa plaza está siendo disputada a sangre por los hombres armados que nos le ha importado la vida de las personas que habitan en las parcelas.

Esta preocupación fue manifestada por las víctimas en medio de un refugio humanitario que instalaron durante siete días en su vereda. Hasta El Carmen llegaron más de 700 campesinos para rechazar los combates de las dos organizaciones que hoy buscan entrar a la legalidad por las puertas que el gobierno de Gustavo Petro está dispuesto a abrir.