Nación
JEP realizará audiencia para evaluar medidas cautelares en La Escombrera y La Arenera, donde estarían desaparecidos de comuna 13
A la audiencia pública fueron citados el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; así como entidades estatales.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para llevar a cabo una importante audiencia pública el próximo 4 de octubre de 2023 en la ciudad de Medellín.
Este evento tiene como objetivo evaluar y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la JEP para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, donde se presume podrían estar enterrados los cuerpos de habitantes de la comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, que han sido reportados como desaparecidos.
La audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares contará con la participación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien tiene la responsabilidad de presentar los resultados del informe de geotecnia encargado por la Alcaldía.
Dicho informe busca proporcionar datos e información esenciales para garantizar una operación segura durante la excavación, el acopio de materiales de relleno y el cierre del depósito de escombros en La Escombrera y La Arenera.
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Además, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha sido citado para exponer los avances del proceso de dignificación y memoria histórica en relación con las víctimas de desaparición forzada en la comuna 13. Esta iniciativa fue ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP a través del Auto AT-038 de 2019. Tanto el alcalde Quintero como el gobernador Gaviria tienen la opción de delegar su participación en los Secretarios de Gobierno de sus respectivas administraciones.
De igual forma, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, fue requerida en medio del auto que decretó las medidas cautelares por los desaparecidos en la comuna 13 en el año 2002.
La decisión del tribunal especial, de realizar la audiencia pública, se debe a varias fallas e incumplimientos para la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, en este caso que, después de 20 años de los hechos, son más dudas que respuestas.
La JEP también ha solicitado un informe a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción sobre los ajustes al plan de intervención forense. Estos ajustes deben estar en línea con las recomendaciones técnicas del informe de geotecnia contratado por la Alcaldía de Medellín.
En la audiencia pública, programada para llevarse a cabo en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal, también rendirán informes sobre la inclusión en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de los registros relacionados con posibles víctimas de desaparición forzada de la comuna 13.
Cabe destacar que la JEP emitió la medida cautelar con el Auto AI-010 el 20 de agosto de 2020, en el cual se prohibieron todas las actividades en los dos lotes ubicados en las laderas de la comuna 13 y se ordenó la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. Recientemente, mediante el Auto AI 058 del 22 de septiembre de 2023, la JEP decidió ampliar la vigencia de esta medida por un período adicional de 12 meses.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en el período comprendido entre 1978 y 2016 se registraron un total de 459 víctimas de desaparición forzada en la comuna 13, con un pico alarmante de 200 casos ocurridos en el año 2002. Este último año estuvo marcado por operaciones militares significativas, como la operación Orión, que se llevó a cabo en medio de fuertes enfrentamientos entre el Bloque Cacique Nutibara y milicias de grupos guerrilleros.
La JEP espera que la audiencia del 4 de octubre se espera que arroje luz sobre los avances y desafíos en la “búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada en Medellín”, y marcará un paso importante en el “proceso de reconciliación y memoria histórica en la región”.
