José Yoer Palacios, el talentoso bailarín que soñaba con sacar a su mamá de Quibdó, pero fue asesinado en el intento

A Yamileth Mena Murillo aún le cuesta recordar el día que le avisaron que a su hijo, José Yoer Palacios, de apenas 17 años, lo asesinaron en el barrio El Poblado. “... Lo mataron desde la mañana”, fue lo último que escuchó de dos amiguitas del menor que llegaron llorando a su casa en la tarde del 15 de agosto del 2020.

Ella, que sufre de epilepsia, fue sedada inmediatamente por sus vecinos y familiares, cuando recobró la conciencia un par de horas después se encontró con una multitud rodeando su cama. “¿Ustedes lo vieron? ¿Cierto que no era él?”, preguntó, y ante la confirmación, perdió el conocimiento nuevamente.

José Yoer Palacios era bailarín del grupo Black Boys, estudiante de último año de bachillerato y un trabajador incansable para alivianar las preocupaciones económicas de su madre y así evitar los ataques de epilepsia. Lo mataron por cruzar una frontera invisible. Nadie sabe quién fue, ni en qué circunstancias, solo saben que su cuerpo fue trasladado al cementerio central apenas lo balearon.

Desde entonces, Yamileth camina buscando justicia, aunque a veces el dolor la derrumba. En una de esas recaídas se bebió por completo un frasco de blanqueador. “A mi niño lo mataron porque les dio la gana, solo por verlo caer”, dice.

De acuerdo con la Policía, en Quibdó hay una sangrienta guerra entre tres bandas delincuenciales que se pelean el control del territorio, microtráfico y extorsión. Palmeños, Mexicanos y Clan del Golfo son los protagonistas de esta escalada violenta. Quien cruce un territorio prohibido se muere, quien no pague una extorsión se muere, quien hable de más se muere, y el que esté en el lugar equivocado se muere. En esta ciudad ante cualquier situación, por menor que sea, la sentencia es la muerte.

De los 600 casos documentados por la Fundación Círculo de Estudios Culturales de jóvenes asesinados en Quibdó entre 2016 y 2022, solo se ha esclarecido alrededor del 87 por ciento. La cifra, a pesar de ser alarmante, no es una preocupación mayor para la administración municipal. Incluso, la normalización de la violencia ha llevado a que se denomine a los muertos por números y no por nombres.

“Acá las amenazas se cumplen”

El personero de Quibdó, Domingo Ramos, dice que la ciudad está en manos de los criminales. Para sustentar esa afirmación, hace un conteo rápido de, por ejemplo, cómo se extorsiona en la ciudad. “Aquí las casas deben pagar mínimo cinco mil pesos, los negocios pagan cantidades más grandes, las personalidades reconocidas también pagan. Estos grupos mandan panfletos advirtiendo y todos sabemos que acá las amenazas se cumplen”.

Gremios de comerciantes que hablaron con SEMANA confirmaron las palabras expresadas por el personero. Aseguran que los delincuentes de cada sector imponen su ley, a tal punto que la Empresa Distribuidora del Pacífico (DISPAC) no puede entrar a hacer lecturas en los medidores, suspender servicios por falta de pago o hacerle mantenimiento a las redes y equipos de conducción de energía eléctrica; ya que sus empleados pueden ser asesinados.