La decisión judicial que habría despertado la violencia en Antioquia

SEMANA conoció en exclusiva el proceso de investigación que adelantan las autoridades por la ola de violencia que se está viviendo en el Bajo Cauca antioqueño. La imposición de una ‘casa por cárcel’ habría generado el estallido criminal en los municipios de El Bagre y Caucasia. Este lunes se definirán las estrategias para frenar la guerra.

Al borde del río Nechí no es un secreto el enfrentamiento a muerte que sostienen los integrantes de los Caparros frente a los del Clan del Golfo por el control territorial. Aunque en el pasado fueron buenos amigos, hoy se reconocen como férreos enemigos que no pueden pisar el mismo suelo de la delincuencia.

La frontera invisible está puesta sobre el corregimiento Cuturú de Caucasia y las veredas de Puerto Claver en El Bagre. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional reconocen que ambos bandos están en un tire y afloje violento por acaparar las extorsiones, minería ilegal y tráfico de estupefacientes en las zonas urbanas y rurales de la subregión.

En las últimas tres semanas se ha presentado un incremento en los homicidios selectivos y desplazamientos, asociados a las confrontaciones armadas. Con base en los índices de la institución, hasta agosto, ambas poblaciones sumaron 53 muertes violentas. Recientemente, se reportaron dos homicidios múltiples y un cadáver decapitado.

Los números que están más frescos estarían relacionados con la salida de la cárcel de alias Negro Cristián, el supuesto fundador de los Caparros que fue cobijado el pasado 17 de agosto con una medida de aseguramiento en su residencia por orden de un juzgado de Antioquia, después de haber estado en una cárcel desde el 6 de noviembre de 2019.

Ante los ojos de la Fiscalía, Claudio Alonso Maturana Hurtado habría liderado el brazo armado que se desprendió del Clan del Golfo en 2017 y que bautizó, junto a otros integrantes, como los Caparrapos. En medio de las operaciones del Gobierno para hacerle contrapeso a su fundación, él figuró en el cartel de los más buscados de Antioquia.

Su detención tuvo lugar en el Valle de Aburrá tras relacionarlo con el homicidio de Ángel Alberto Zuleta Mesa. El supuesto cabecilla habría estado vinculado con este crimen que se cometió cuando la víctima iba conduciendo el vehículo particular de su tío, el entonces alcalde del municipio de El Bagre, por el corregimiento de Puerto Claver.

“Los funcionarios lo ubicaron en el barrio Aranjuez, quien se identificó con una contraseña a nombre de Wilson Andrés Hurtado Andrade. Como los policiales ya tenían información sobre el posible cambio de identidad del procesado, fue sometido a cotejo de huellas dactilares y se logró establecer a Maturana Hurtado”, se lee en el expediente.

Ahora bien, en el sitio web de la Registraduría aparecieron los dígitos de su cédula como “cancelada por muerte”. En ese entonces, el ente de acusación afirmó que el presunto cabecilla de los Caparros tendría la intensión de evadir a la justicia. Propiamente, los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

En medio de las audiencias que se adelantaron en un juzgado de Medellín, él contrarió los argumentos de la Fiscalía. Sin embargo, el juez ordenó su reclusión en una cárcel del departamento. Detrás de las rejas también habría protagonizado una lluvia de delitos contra las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño a nombre del grupo armado.

A finales de abril de este año, la comandancia de la Séptima División del Ejército Nacional denunció que alias Negro Cristián estaría extorsionando a finqueros y comerciantes del municipio de Caucasia desde su centro de reclusión. Al parecer, con videollamadas presionaba a las víctimas a entregar altas sumas de dinero a sus hombres.

A pesar del material probatorio que hay en el proceso judicial, la orden de salida de la cárcel que se emitió a favor de Claudio Alonso Maturana Hurtado habría caído como una bomba en la subregión. Presuntamente, volvió a las montañas de Caucasia y El Bagre para retomar el control de la minería que hoy tiene el Clan del Golfo.

Varios testimonios recopilados por la Policía Nacional lo vinculan a él como emisor de la violencia por parte de los Caparros, y el Clan del Golfo le responde con la misma fuerza. Ante este estallido criminal, la Defensoría del Pueblo le pidió al Estado que brinde las garantías de seguridad a razón de que los derechos humanos están en riesgo.

La defensa de Maturana

Pese a que desde la Policía se asegura que el detonante de la violencia en el bajo cauca está directamente relacionado con el otorgamiento la medida de detención domiciliaria a Claudio Alonso Maturana, y a que tanto el comandante de la séptima división, como el comandante de la Policía en Antioquia hicieron estos señalamientos, la defensa Maturana lo niega y presentó los soportes a SEMANA para sustentar su argumento.

Su abogado Jorge Fuentes advierte que en el recrudecimiento de la violencia en esa zona, que ya supera los 30 muertos, nada tiene que ver su cliente y explica su argumento.

“El primer hecho que se le atribuye a este año corresponde a unas presuntas llamadas extorsivas desde la cárcel donde se encontraba retenido, lo dice el comandante de la Séptima Brigada del Ejército. Pero este es un elemento prohibido en las cárceles, y mi cliente estaba detenido en el patio de atención especial que es el más vigilado de Colombia, el de la cárcel de Valledupar. No hay un solo hecho que indique eso, tampoco hay ninguna denuncia presentada por víctimas que lo señalen a él de forma directa”, esto afirmó al abogado frente a estas llamadas extorsivas, argumentando además que no hay ninguna investigación o señalamiento documentado de estos hechos le achacan a Maturana.

También se refiere a una declaración que dio el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, quien fue el que advirtió que el recrudecimiento de los hechos de violencia se había dado por la libertad de Maturana. Ante este hecho, su defensa argumenta que en ningún momento fue dada la libertad, sino que su cliente se encuentra bajo detención domiciliaria y con un brazalete de custodia del Inpec.

“Los homicidios se dieron desde finales de junio hasta agosto, pero mi representado se encontraba privado de la libertad en la cárcel de Cómbita, no obstante se le dio la domiciliaria por estar en estado de enfermedad grave, pero eso fue hasta el 23 de agosto, así que él no tiene nada que ver”, explicó el abogado Fuentes, quien aprovecho para manifestar que la vida su cliente corre riesgo.

“Él está siendo monitoreado por el Inpec y hay gente que haciéndose pasar por hombres del cuerpo de custodia de esa entidad, fueron a hacer una visita domiciliaria y, en una respuesta a un derecho de petición, nos dicen que unas personas que fueron el 26 de agosto no eran miembros del Inpec y en respuesta al derecho de petición dice que debemos realizar la denuncia”, explica el abogado Fuentes.

*Artículo modificado por solicitud de la defensa del señor Claudio Alonso Maturana quien rechaza las acusaciones en su contra sin que se haya presentado ninguna prueba.