La escandalosa ‘caja menor’ de la Alcaldía de Medellín: estos son los gastos que causan revuelo

Hay polémica en Medellín por un informe que reveló los gastos que patrocinó la caja menor del despacho del alcalde Daniel Quintero Calle entre el 12 de enero y el 27 de julio de 2023. Las facturas sumaron más de 185 millones de pesos. Piden investigación.

El documento fue emitido por la Secretaría de Hacienda y el destinatario fue la Contraloría Distrital, quepidió los datos tras recibir quejas por el uso que se le estaba dando al fondo por parte de la Secretaría Privada. Sin embargo, los hallazgos se filtraron este jueves 17 de agosto.

Allí se registraron compras en supermercados, restaurantes, cigarrerías, carnicerías y tiendas de mascotas, justificados en gastos de “imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones” de la oficina del mandatario.

Llamó la atención de los internautas los mercados por 54 millones de pesos, productos de siete millones de pesos en un establecimiento dedicado a vender elementos de animales, un millón de pesos entregado a un negocio de bebidas alcohólicas y millonarios platos.

Las explicaciones

La administración respondió que no ha invertido un solo peso en licor y aclaró que en la tienda de mascotas hay una línea de carnicería, donde adquirió proteínas para las comidas que se preparan en la cocina de la Alcaldía, por eso las visitas a los supermercados.

Justamente, la caja menor se creó con el fin de costear las necesidades del despacho del mandatario de turno, clasificando los gastos indispensables en materia de transporte y alimentación, entre otros asuntos logísticos enmarcados en la función pública.

Desde el 2010, el fondo está apalancado por 20 salarios mínimos y así ha sido su gasto en los más recientes cuatrienios: Alonso Salazar (1.199 millones de pesos), Aníbal Gaviria (824 millones de pesos), Federico Gutiérrez (1.073 millones de pesos) y Daniel Quintero (1.071 millones de pesos).

El secretario privado de Medellín, Juan David Duque, defendió el manejo que le ha dado a la gestión: “Cada gasto del fondo fijo es auditado de forma estricta en esta administración, no sé en las otras. Y eso que los otros alcaldes se la pasaban de viaje y gastando viáticos”.

Las quejas

La abogada Gloria Patricia Jaramillo advirtió que, presuntamente, en el manejo de la caja menor del despacho se podrían identificar varias anomalías, dado que se estaría usando para gastos personales y cubriendo las obligaciones de otras dependencias.

“Si se analiza el documento de Hacienda, este no es el sentido del fondo. Los consumos son exagerados. La caja menor está sirviendo para pagar cosas de terceros, se están haciendo compras que deberían estar a cargo de la Secretaría de Suministros”, dijo.

En medio de su investigación, puso en duda la veracidad de los servicios de alimentación que pagó el fondo para la agenda del alcalde, dado que los establecimientos estarían ubicados en las inmediaciones del inmueble de Quintero Calle: “Hay mucho por explicar”.

A la lista de preocupados se sumó el concejal del Centro Democrático Sebastián López: “La Alcaldía de Quintero es todo un despilfarro. Usan la caja menor para darse buena vida mientras acaban con la ciudad, sus instituciones y sus territorios. No van a dejar es nada”.

¿La Contraloría?

La Contraloría de Medellín afirmó que, desde el pasado 21 de julio, tomó las medidas para darles respuesta a las preocupaciones “sobre el presunto uso inapropiado de recursos públicos, en relación con el manejo de caja menor adscrito al despacho del alcalde”.

Las dudas llegaron al ente de control por el supuesto proceso de cobro prejurídico que adelantaría el restaurante San Carbón a la administración distrital por deudas en consumo. Por eso, se activó una vigilancia fiscal para tratar de esclarecer el turbulento escenario.

Ahora bien, la Contraloría se encuentra evaluando la información que se filtró este 17 de agosto para determinar si, en caso de identificar irregularidades en las cuentas, tendría que abrir un estudio más amplio. La Alcaldía defiende sus números a capa y espada.

Polémica por millonario contrato para cámaras de identificación facial en Medellín

En Medellín se destapó una polémica por un millonario contrato para la adquisición de cámaras con sistema de reconocimiento facial que suscribió la Secretaría de Seguridad y Convivencia de esa ciudad y que tendría unas presuntas irregularidades.

En esa ciudad se habló bastante sobre el uso de la tecnología para identificar en tiempo real a los delincuentes a través del reconocimiento facial y con una conexión directa con las bases de datos de la Policía Nacional.

Aunque el tema fue bien recibido por la ciudadanía, al tratarse de un insumo para luchar contra la inseguridad, se empezó a hablar de posibles irregularidades de la Secretaría de Seguridad en la integración del sistema biométrico de Medellín con el sistema ABIS de la Dijín (sistema forense centrado en la identificación de criminales utilizando fotos de archivos policiales y huellas dactilares digitales o latentes).

Sin embargo, la Dijín no tiene nada que ver con la parte contractual y los señalamientos directos se están haciendo contra la Secretaría se Seguridad y Convivencia por, presuntamente, haber entregado el contrato de manera directa y sin licitación.

La firma Control Social de la Gestión Pública de Colombia S.A.S., que hace la función de veeduría, insistió en los señalamientos en contra del contrato en el cual se entregaron 3.738 millones de pesos a la compañía Integradores S.A.S. para desarrollar la herramienta.

Según la veeduría, el contrato se habría adjudicado por la Secretaría de Seguridad bajo el argumento de que nadie más tenía ese servicio que Medellín requería con urgencia para combatir la delincuencia y que, por esa razón, se tuvo que contratar de forma directa y sin realizar una licitación pública, algo que se evidencia en el sistema de contratación pública (Secop).