La hacienda administrada por el Estado que es utilizada para la minería ilegal en Antioquia

La extracción ilícita de yacimientos mineros está devorando un inmueble de grandes proporciones que es administrado por el Fondo para la Reparación a las Víctimas en el Bajo Cauca antioqueño. Además, otros inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) estarían siendo utilizados para conseguir plata, presuntamente, de manera ilegal.

En la lista aparecen más de 1.000 hectáreas de las haciendas de Mandingas, Marlengo y La Samaria. Sin embargo, ambas entidades sospechan que hay un subregistro en los datos, ya que la ‘fiebre por el oro’ pudo haber llegado a los otros terrenos que tienen la obligación de cuidar. Al parecer, las condiciones de seguridad estarían frenando ese encargo estatal.

SEMANA recorrió el primer bien que se extiende por los municipios de Cáceres y Caucasia, ubicado a un pie del batallón Rifles de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles. Todos los días, más de cien personas llegan al lugar a arrastrar tierra con máquinas y pequeños motores para hallar un metal precioso. Las imágenes de deforestación son impresionantes.

Si bien desde hace diez años se mantiene esta conducta, apenas en diciembre de 2022 el Fondo para la Reparación a las Víctimas se enteró de la situación. Con base en los relatos recogidos en la zona, la coordinación estaría a cargo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes someterían a los mineros a costear varias obligaciones.

Por cada hueco que se abre en la montaña, tendrían la obligación de entregar 400.000 pesos por un motor que utilicen. En una sola apertura en la tierra, la organización delictiva se llevaría gratis más de 2.400.000 pesos. Según las fuentes consultadas por SEMANA en Cáceres, cuyo nombre pidieron omitir, esto se configuraría en una extorsión mensual.

Entre tantos puntos espinosos, preocupa que los trabajadores informales están a punto de tomarse las instalaciones del batallón del Ejército Nacional. Ellos están asentados en el lindero que los divide, buscando un punto que les multiplique las ganancias. “Esto parece que está bueno”, se les escuchó decir a un grupo de personas que movía la tierra.

El Fondo para la Reparación a las Víctimas respondió que ha sido complicado tener un control de la hacienda Mandingas por las críticas condiciones de seguridad. No obstante, tienen información que advierte sobre el uso del suelo para la minería ilegal. Al parecer, ya se han realizado dos reuniones para hacerle frente al problema, pero no hay solución.

En un primer encuentro, se acordó hacer una inspección del terreno el pasado 14 y 15 de marzo, cancelada por la alteración del orden público que se presentó en el marco del paro. La misma situación vive la Sociedad de Activos Especiales que, por el flujo de estructuras delincuenciales, no ha podido tener una lectura de lo que pasa con sus bienes.

No solo operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los dos grupos se sostienen con la minería ilegal. Lo mismo pasa con otras 45 mil personas que no tienen la capacidad para pagar una licencia ambiental y se apoderan de terrenos ajenos. El permiso cuesta más de $600 millones.

Frente a la hacienda Mandingas, el Fondo para la Reparación a las Víctimas aseguró que la situación ya fue conocida por los entes de control y en las próximas semanas adelantará un proceso de verificación para ajustar las medidas de seguimiento, en tanto la fuerza pública les dé garantías de cuidado a los funcionarios que harán la diligencia.

Sobre la mesa está el paro del sector, que ajusta 18 días de pie y tiene el objetivo de tumbar las operaciones que adelanta el Ejército y la Policía contra la minería ilegal, hasta que se formalice un distrito donde puedan gozar de una licencia ambiental y no estar corriendo el riesgo de que las autoridades les destruyan la maquinaría amarilla.