La historia desconocida del paro minero en 12 municipios de Antioquia: hay una guerra y una depredación salvaje para calmar el hambre de oro

Buscar materiales preciosos en la tierra y el agua es un sacramento que tienen los habitantes de la subregión en el Bajo Cauca. A los 8 años empiezan a arrastrar pantano en cualquier rincón donde haya indicios de riqueza y terminan cuando el cuerpo no soporta el peso de los metales.

En 12 meses, de esta zona salen aproximadamente 16.000 kilogramos de oro. Es decir, las retroexcavadoras movilizan 30 millones cúbicos de tierra e inundan con toneladas de mercurio las aguas del río Cauca, según datos entregados por el Ministerio de Ambiente.

El problema de deforestación no es nuevo. Hace décadas esta actividad es la principal fuente económica de Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Sin embargo, ha estado en aumento en los últimos diez años por la presencia de estructuras criminales.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, autoridad ambiental de la subregión, reconoce que la minería ilegal está desbordada y no hay control sobre los “fantasmas” que están devorando la tierra. En 2023 ya han acabado con 456 hectáreas.

Se desconocen los límites. Al menos cuatro inmuebles que administra el Estado fueron tomados por desconocidos para explotarlos de manera irregular. Con grandes máquinas arrasan con los metales que están bajo el cuidado de la SAE y la Unidad de Víctimas.

El Gobierno de Gustavo Petro tiene la última palabra sobre la crisis que azota al Bajo Cauca. En la mesa está la opción de combatir las violaciones ambientales o frenar las operaciones de la fuerza pública para seguir persiguiendo el oro sin límites.

Los mineros informales quieren la segunda alternativa y se lo han hecho saber con un paro que acorraló a 12 pueblos, luego de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia respaldaran el pliego de peticiones con un incremento de sus acciones delincuenciales. Ellos confinaron a más de 300.000 personas para demostrar el poder que tiene el sector. Cientos de jóvenes fueron seducidos con dinero y drogas con el propósito de atacar a la fuerza pública y destruir cualquier establecimiento que violara su mandato.

Aunque, en diálogo exclusivo con SEMANA, un representante del grupo armado desconoció la intervención en el paro, contrario a la evidencia de las autoridades. Pero no descartó el respaldo de la organización al pliego de peticiones de los campesinos.

Las manos de la minería

Detrás de la protesta están los pequeños, medianos y grandes mineros que extraen oro de manera ilícita con el apoyo de máquinas. Están furiosos con el Ejército y la Policía porque están acabando con las grandes estructuras. En efecto, quieren atarles las manos.

En el Bajo Cauca no se tiene un registro de cuántas personas se dedican a buscar y vender oro. Lo cierto es que ganan entre 150.000 y 600.000 pesos en un día de suerte. Las manos que filtraban los metales fueron reemplazadas con tubos que les multiplican las ganancias.Una libra de oro se puede recolectar en menos de una semana. En el mercado actual, tiene un costo de 20 millones de pesos. Ese precio tiene que dividirse entre el arrendatario del terreno y el monto de extorsiones que fijan los integrantes del grupo que comandó alias Otoniel.

La minería es una salida fácil para aliviar el bolsillo en el Bajo Cauca, afirman miembros del sector consultados por SEMANA, quienes pidieron omitir su nombre por seguridad: “No tuvimos que presentar una hoja de vida ni cumplir requisitos para tener plata”.También se sugirió que, aunque el trabajo es pesado y riesgoso, tienen ventajas sobre los oficios comunes que podrían encontrar en los municipios: “Lo que hacemos en cinco horas no lo vamos a ganar sentados en una oficina. Esto es lo que da la plata por acá”.

Si bien es la subregión donde más abunda el oro, también es una de las más pobres. Según los números de la Gobernación de Antioquia, el 38 por ciento de la población no tiene una buena calidad de vida, el 30 por ciento relaciona inseguridad alimentaria y hay más obstáculos para poder estudiar; mientras que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc lo convierten en su principal músculo financiero. Con base en análisis de inteligencia militar, el oro les está dando más plata que el narcotráfico.

Todos están buscando el visto bueno del Gobierno nacional para tumbar la destrucción de la maquinaria amarilla de gran tamaño que no tiene el permiso para operar, en tanto se arme un distrito minero que intensifique la formalización de los trabajadores.

Tal como están las reglas del juego en este momento y los cálculos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, una licencia ambiental cuesta más de 600 millones de pesos y los mineros no tienen la capacidad de costearla, por eso la informalidad.

Fiebre de oro

La necesidad de hallar un gramo de oro no tiene límites en el Bajo Cauca antioqueño. SEMANA pudo comprobar que cuatro inmuebles que están bajo el poder del Estado, arrebatados a narcotraficantes, son utilizados para la extracción ilícita de minerales.

La administración está a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Ambas entidades respondieron que, por las críticas condiciones de seguridad, no han podido hacer un reclamo efectivo de los negocios.

Mientras tanto, el Clan del Golfo está sacando provecho. Los mineros que llegan a estos terrenos tienen la obligación de entregarle mensualmente 400.000 pesos por cada motor que utilicen. En un solo hueco, la organización delictiva se lleva gratis más de 2.400.000 pesos.

Las lujosas haciendas están convertidas en un lodazal. Una de ellas es Mandingas, una propiedad de más de 600 hectáreas, ubicada a un pie del batallón de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en el municipio de Cáceres, que se encuentra bajo arrendamiento.

Desde hace diez años están raspando la tierra, pero la Unidad de Víctimas solo se enteró en diciembre de 2022. La presencia de los ilegales les causa miedo para hacer cumplir las reglas del juego del Estado, así lo señaló un funcionario de manera anónima a SEMANA.

Las montañas cambiaron de color y los lagos están inundados de químicos. El mercurio es lo que más preocupa a las autoridades sanitarias. Un informe de la Secretaría de Salud de Antioquia reveló que el Bajo Cauca está expuesto de manera riesgosa a esta sustancia.

Ante el hallazgo, las dos entidades anticiparon que están haciendo gestiones ante los organismos de control para ponerle freno al uso de los inmuebles y, junto a la fuerza pública, esperan verificar el estado de cada uno para tomar una decisión de fondo.

Si bien SEMANA visualizó la minería ilegal en cuatro sectores, tanto la SAE como la Unidad de Víctimas no descartan que la historia se repita en otras haciendas confiscadas. No solo del Bajo Cauca, sino del resto de Antioquia. La inseguridad sería un obstáculo.

El director de la Sociedad de Activos Especiales en esta región del país, Mauricio Urquijo, manifestó que la falta de rigor en la verificación de los terrenos obedecería a las limitaciones en la capacidad administrativa. Él tiene 50 empleados para 125 municipios.La fiebre del oro se está llevando por delante la tranquilidad y la naturaleza.

El gobernador Aníbal Gaviria dijo que lo que pasa en esta subregión es “la destrucción ambiental más grande de la historia de Antioquia”. La minería ilegal sería la responsable de la deforestación de 30.000 hectáreas en las últimas décadas. La cifra podría aumentar porque cada día llegan más estructuras que deterioran la tierra.