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La historia secreta de la caravana de disidentes de las Farc detenida en Antioquia: hay dos bandos y amenaza de una nueva guerra criminal

Lo que inició como un operativo de rutina, hoy es ‘el florero de Llorente’ de una posible nueva guerra entre disidentes. Hay señalamientos de traición entre cabecillas y juramentos de venganza.

Redacción Nación
3 de agosto de 2024
   Alias Firu, uno de los cabecillas capturados, juró vengarse por lo que él consideró un acto de traición. Un juez lo envió a la cárcel por varios delitos.
Alias Firu, uno de los cabecillas capturados, juró vengarse por lo que él consideró un acto de traición. Un juez lo envió a la cárcel por varios delitos. | Foto: Cortesía

La caravana de guerrilleros de las disidencias de las Farc que interceptó el Ejército en Antioquia tiene en aprietos a ese grupo armado, liderado por alias Calarcá. SEMANA accedió a testimonios que muestran detalles desconocidos del incidente que indignó a Colombia.

Dieciocho criminales viajaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mientras se dirigían al municipio de Anorí el pasado 23 de julio. Al parecer, allí se iba a sellar un acuerdo entre peligrosos cabecillas.

Caravana detenida en Antioquia con disidentes de las Farc. | Foto: Cortesía

Alias Calarcá sería legitimado como comandante entre los integrantes de la estructura 36 y el frente 18, los dos brazos criminales que aterrorizan a los habitantes del nordeste del departamento con extorsiones, homicidios e instrumentalización.

Este hombre también socializaría el rumbo que están tomando los acercamientos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, luego del desastre que aconteció con el liderazgo de alias Iván Mordisco y la guerra que armó en el suroccidente. La cita fue frustrada por el Ejército a pocos kilómetros del destino final de los guerrilleros. Los soldados se alarmaron por los siete carros que iban en fila y, aún más, cuando los ocupantes se negaron a una inspección.

El escándalo fue nacional. En los automotores llevaban 233 millones de pesos y 8.200 dólares en efectivo, más de 33 millones de pesos. Igualmente, dos pistolas, 17 cartuchos, una empuñadura de fusil, un chaleco balístico y material de intendencia.

Las mujeres que acompañaban a los delincuentes trataron de asumir toda la responsabilidad. Entre ellas hubo lágrimas y angustia por lo que pasaría. Pero fue el primer reto de la fiscal Luz Adriana Camargo frente a la estabilidad de la paz total. Fueron detenidos siete disidentes de las Farc y solo cuatro terminaron en la cárcel, porque los demás tenían las órdenes de captura suspendidas por obra de la funcionaria.

Así llegaron las siete camionetas de la UNP con disidentes de las Farc a batallón en Bello, Antioquia.
Así llegaron las siete camionetas de la UNP con disidentes de las Farc a batallón en Bello, Antioquia. | Foto: SEMANA

Uno de los capturados fue Édgar de Jesús Orrego, alias Leo o Firu. Es el cabecilla principal de la estructura 36 y sus aliados creen que sufrió un “entrampamiento” de los altos mandos de la guerrilla. Es el único líder de importancia que no tiene los beneficios de la paz total y por eso está tras las rejas.

En cambio, a alias Ramiro –su subalterno y quien podría reemplazarlo en el cargo– se le levantaron todas las peticiones de arresto que había en su contra y, a pesar de haber sido sorprendido con armamento en la caravana, pudo esquivar la cárcel. Ambos ahora están distanciados y a punto de una guerra criminal por ese arresto, del cual alias Firu cree que fue planificado para deshacerse de él.

Incluso, se sospecha que alias Firu alcanzó a emitir una serie de amenazas a un cabecilla en medio del operativo judicial de ese martes, llevado a cabo en el batallón militar Pedro Nel Ospina de Bello.A la par, Calarcá prometió gestionar su liberación ante el Gobierno nacional como una condición para continuar con los diálogos de paz.

Desde los llanos del Yarí, aseguró que sí habría disposición política del Ejecutivo para sacarlo de la prisión. El reto es mayúsculo: Firu y los demás capturados enfrentan procesos penales por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, homicidio agravado y terrorismo. Ninguno quiso aceptar cargos. Lo que inició como una correría para unificar los bloques y disipar las dudas frente al proceso, terminó con una venganza velada y la sombra de un conflicto criminal en Antioquia. Mientras se resuelve la situación jurídica, continúan las denuncias por cobros de extorsiones y siembra de explosivos.

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