La mina de oro más grande de Colombia fue tomada por el Clan del Golfo y ahora tienen un ‘pueblo’ bajo tierra: SEMANA se internó en ese infierno y las imágenes y testimonios son impactantes

El Clan del Golfo invadió la mina de oro más grande de Colombia y construyó un laberinto bajo tierra donde esclaviza a cientos de personas que tienen hambre de dinero. Un equipo periodístico de SEMANA recorrió las trincheras a 600 metros de profundidad y accedió a informes de inteligencia que describen el horror. Esta licencia se aprobó para que los tesoros fueran extraídos por la multinacional china Zijin-Continental Gold en las montañas de Buriticá, un pueblo antioqueño de 9.000 habitantes premiado por la naturaleza con minerales preciosos, que, al comercializarlos, podrían cubrir las deudas de municipios enteros.

La compañía extranjera invirtió en el negocio más de 610 millones de dólares, que se recuperarían con los 3,8 millones de onzas de oro que estaban en las peñas. Para ello, construyó un complejo de 100 kilómetros de túneles, cuya extensión es similar a un recorrido terrestre entre las ciudades de Bogotá y Villavicencio. La noticia que debe saber el país es que la empresa perdió el 60 por ciento de su estructura subterránea y tiene las manos amarradas para tomar 41 toneladas de oro, pues la organización delincuencial descubrió los mapas internos, compró información confidencial y desplegó una operación milimétrica para la toma.

Según el Ejército Nacional, el cerebro de esta incursión es la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, el brazo criminal con mayor capacidad económica que hoy existe en el país, con ganancias mensuales de 100.000 millones de pesos y bajo el liderazgo de alias Rayo, identificado como Over Luis Quiñónez Plazas.

El Clan del Golfo copó la superficie de la mina y adquirió predios para abrir 380 bocaminas, que terminan 700 metros más abajo hasta llegar al corazón de los chinos. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que cinco inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) estarían siendo usados para este propósito. Estas son consideradas las puertas del infierno y las llaves las tiene el grupo armado. Por allí cruzan personas vulnerables, migrantes y experimentados mineros que tienen fiebre por el oro. Ellos soportan hasta 25 días continuos de trabajo sin ver la luz del sol y, en promedio, ganan 48.000 pesos por cada hora que sobreviven bajo tierra.

Allá es difícil respirar, los cuerpos están inundados de sudor, pesan todas las prendas de vestir, mirar solo es posible si se tiene una linterna potente en la mano, los olores agradables son escasos, las intensas temperaturas causan constantes mareos, pero los golpes contra las rocas recuerdan que se está vivo.

El grupo ilegal lo controla todo y cobra altísimos impuestos por los servicios que ofrecen en los sótanos, pues funge como articulador: los platos de comida, las letrinas, los alojamientos, las cocinas, las redes de energía, los estupefacientes y los medicamentos para que las víctimas puedan soportar la peligrosidad del encierro. De acuerdo con reportes militares, en la oscuridad de los socavones también habría una red de trata de personas con la que las mujeres son explotadas sexualmente a cambio de dinero u objetos valiosos. Los testimonios son escalofriantes. “La virginidad de una adolescente de 14 años es una moto Nmax”, afirmó un investigador.

Además, habría un equipo de profesionales que proyecta técnicamente su expansión. Se teme que la mayoría sean ingenieros que alguna vez contrataron con la multinacional, conocieron la intimidad del privado y ahora están enfilados en la competencia, pues ganan un salario cinco veces mayor. Esto es analizado por la Fiscalía. Se dividen en 35 frentes y se sospecha que son 1.500 integrantes.

“Cada uno opera de manera independiente, pero debe entregarle al Clan el 10 por ciento del oro que produzca. Cuando salen estas personas a la superficie es cuando arreglan las cuentas en efectivo con el Combo del 10, los cobradores”, agregó el detective. Estos grupos están armados para defender su invasión ante cualquier enemigo que se cruce en el camino, cargan explosivos para abrir los túneles y esparcen supuesto mercurio para acelerar los procesos, un coctel mortal que este año le ha cobrado la vida a ocho ciudadanos, pero se cree que hay un subregistro de víctimas.

Los datos de la Zijin exponen que entre enero y junio sus sistemas captaron 802 disparos y 53.000 detonaciones. Este último dato es importante en la historia porque la compañía solo tiene autorización para hacer dos detonaciones al día, pero la organización delincuencial está ejecutando 301 estallidos sin control alguno.

Una de las proyecciones más trágicas es que a largo plazo tome fuerza una falla geológica en la montaña producto de los movimientos internos del grupo armado y se lleve todo a su paso, pues no tiene la capacidad de rellenar los espacios que abrió para sacar las piedras y darle estabilidad al terreno, como sí lo hace el privado. Solo en 2023 se sospecha que utilizaron 140 toneladas de explosivos. ¿Dónde los están comprando? La única entidad autorizada es la Industria Militar y una de las hipótesis de las autoridades es que por ahí se estarían filtrando los materiales, aunque también se considera que provienen de Ecuador.

Los chinos están acorralados. Ellos edificaron paredes con bultos de tierra en el poco espacio que les queda libre para esquivar los proyectiles. Los empleados deben cargar chalecos antibala y planificar sus movimientos para no toparse con el enemigo, que puede brotar en cualquier instante de la montaña. Las pérdidas totales equivalen a cinco años de producción y, para ilustrar, se conoció que el año pasado la compañía sacó 8,3 toneladas de oro de Buriticá, mientras que el Clan del Golfo se habría metido al bolsillo 3,2 toneladas, lo que se traduce en cientos de miles de millones de combustible para el crimen en Colombia.

En este punto de la investigación surge otra inquietud: ¿quién le está comprando esa cantidad de minerales a los herederos de alias Otoniel? La respuesta de las autoridades locales es que la producción llega a compraventas del occidente antioqueño, controladas por ellos mismos, donde les dan un baño de legalidad. No obstante, SEMANA conoció que una línea de investigación judicial apunta a que el oro de las autodefensas estaría siendo comercializado ante empresarios de potencias mundiales. Los envíos, tal como ocurre con el narcotráfico, se daría en prestigiosas embarcaciones que recorren el Pacífico y el Caribe.

La Procuraduría ha insistido ante el Gobierno nacional para que le ponga freno a esta situación, pero las respuestas son escasas. “Reiteramos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que tomen medidas necesarias y urgentes para restablecer el orden público”.

Ante la ausencia de acciones en materia de seguridad, la multinacional demandó el 12 de julio al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, para que sea reparada por los estragos causados. Expertos en la materia anticipan un largo y multimillonario pleito. El Gobierno deberá liderar la defensa, aunque Gustavo Petro, en campaña, ya había sentenciado: “Proponemos comprar concesiones mineras de Buriticá para que se desarrolle la pequeña y mediana minera en manos de la gente de Antioquia. Duque y Uribe entregaron el territorio antioqueño a mineras trasnacionales depredadoras”.

Lo que ocurre en el occidente del departamento es una bomba de tiempo. Los problemas financieros de la empresa solo son la punta del iceberg. Cientos de vidas están en peligro por las labores antitécnicas que promueve el Clan del Golfo para llenarse los bolsillos de dinero y multiplicar el crimen en Colombia.