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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM - MEDELLÍN
Empresas Públicas de Medellín (EPM) se sumó a la iniciativa del Gobierno nacional para disminuir el precio de las tarifas del servicio de energía. | Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

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La propuesta de EPM para bajar el precio de la energía: hogares sentirían reducción a finales de 2022

En primer lugar, el beneficio llegaría a las comercializadores del servicio para que lo apliquen a los usuarios.

12 de octubre de 2022

Empresas Públicas de Medellín (EPM) se sumó a la iniciativa del Gobierno nacional para disminuir el precio de las tarifas del servicio de energía. De acuerdo con la propuesta que llegó a las oficinas del Ministerio de Minas este viernes, la reducción se aplicaría al consumo de octubre y se extendería durante los próximos doce meses.

La compañía antioqueña destinó $ 340 mil millones para beneficiar a los comercializadores de energía que tienen contratos de venta a largo plazo. En dado caso de que la proposición sea aceptada, los hogares podrían disfrutar de las rebajas. Sin embargo, el proyecto formulado desde Medellín aplicaría descuentos de manera diferenciada.

En primer lugar, los intermediarios que tengan el mayor costo unitario de kilovatio de energía y acumulen un amplio número de clientes en los estratos uno y dos tendrían la posibilidad de recibir un acortamiento del 8,7 %. Ellos tendrían que definir cómo se aplicaría esa reducción en el precio final del recibo que llega cada mes a los hogares.

Mientras que las demás compañías con las que se sostienen otros acuerdos de venta en otras regiones del país, pero que no cumplen con estas características, recibirían un bajón en el precio del 4,7 por ciento. Esto también se tiene previsto para los usuarios que no están regulados, cuyos consumos son mayores a 55.000 kilovatio-hora cada mes.

Carlos Orduz, vicepresidente de Generación de Energía de las Empresas Públicas de Medellín reiteró que el primer pasó que dio la compañía no garantiza la reducción en los hogares porque está condicionado a la suma de beneficios que reciban las entidades que ofrecen el servicio a lo largo y ancho de Colombia. Pero esta iniciativa da esperanza.

“Es importante enfatizar que las empresas comercializadoras de energía que operan en el país compran la energía en distintas compañías generadoras para atender la demanda de sus mercados. Es por ello que es necesario que estas empresas adelanten negociaciones con las otras generados con las que tienen contratada la compra de energía”, dijo Orduz.

Pero el alcance de esta iniciativa podría ser ampliamente beneficiosa a razón de que EPM es una de las compañías nacionales que ejecuta todos los pasos de la cadena de distribución del servicio. Es decir, son los encargados de generarla, distribuirla y comercializarla. Por ejemplo, es la que aporta el 23 % de la demanda de Colombia.

El gerente general de la compañía, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, afirmó que están haciendo esfuerzos importantes para flexibilizar los componentes regulados de transmisión y distribución que hacen parte de la tarifa y que, cada mes sagradamente, suma al precio que llega en el documento de cobro de los hogares del país.

“En EPM hicimos una propuesta que implica un aporte de aproximadamente 340 mil millones de pesos para un período de 12 meses. La compañía seguirá avanzando en la búsqueda de mecanismos dentro del marco normativo y se mantiene con la aplicación de la opción tarifaria para la comercialización en mercado regulado”, dijo la empresa.

Ante las críticas que recibió Empresas Públicas de Medellín por la propuesta, a razón de que expertos en el mercado consideraron que podría ser más amplia, la compañía respondió que se planteó con base en los acuerdos de los esquemas institucionales que están legalmente constituidos para el funcionamiento del sector eléctrico.

También, teniendo presente el “pacto por la justicia tarifaria” que impulsa el Gobierno nacional, que consta de cuatro puntos. Los dos primeros solicitan expedir normas regulatorias que permitan reducir las tarifas de energía a corto plazo; también la voluntad de hacer una renegociación de los contratos de energía para beneficiar a los usuarios.

Finalmente, hacer seguimiento a estos acuerdos por parte de la Comisión de Regulación de Gas y Energía y el Ministerio de Minas y Energía; además, mantener los diálogos para buscar siempre las mejores soluciones para los usuarios y el sector.