Las pruebas de la Fiscalía que enredan a la Secretaria de Educación de Medellín

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en residencia para la secretaria de Educación de la ciudad de Medellín, Alexandra Agudelo, y otras dos personas que están siendo procesadas por presuntos actos de corrupción en contratos de Buen Comienzo.

Al parecer, se habrían amañado dos procesos contractuales para beneficiar a la corporación Colombia Avanza en el programa infantil de la administración distrital. Mientras el ente de acusación sospecha de irregularidades, la Alcaldía se defiende a capa y espada.

Bajo la lupa también tiene el ente a la exdirectora de Buen Comienzo Lina María Gil y al representante legal de la organización que recibió los contratos, Henry Gómez. Los tres fueron señalados como presuntos responsables de cuatro delitos por ambos acuerdos.

La Fiscalía, con base en las pruebas, les sumó celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación consumado en favor de terceros y peculado por apropiación en tentativa.

El fantasma de supuestos sobrecostos rodea el suministro de elementos para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo y el suministro de paquetes alimentarios a los estudiantes. Pero la administración asegura que todo lo hizo en el marco de la legalidad.

Las inconsistencias las habría encontrado la Fiscalía en la etapa previa a la ejecución y en la fase de cumplimiento. Sin embargo, también se identificaron presuntos hechos que tendrían el propósito de ocultar los materiales probatorios para obstruir las investigaciones del caso.

Supuestamente, los tres imputados acordaron el proceso de contratación para que se ajustara a las posibilidades que tenía la corporación Colombia Avanza. Por ejemplo, habrían cambiado los requisitos a última hora, escenario que frenó a otros oferentes.

Esto se sostendría en documentos, llamadas telefónicas y publicaciones en las redes sociales. En dado caso de que se comprueben estas teorías, el que saldría más librado sería el señor Henry Gómez porque no fungió como funcionario público.

Las piedras en el zapato serían más, dado que la entidad que recibió los dos contratos no estaría habilitada, a la luz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para ejecutar iniciativas superiores a los $ 720 millones, pero en la Alcaldía le sumaron $ 20.000 millones.

Mientras tanto, un audio registrado al interior de la corporación pondría en evidencia un presunto plan para borrar del mapa la evidencia que demostrarían las presuntas actuaciones. Principalmente, la alteración de las facturas contratadas con el distrito.

Son más de 225 megas que tiene el proceso contra las tres personas. En consecuencia, la defensa solicitó un aplazamiento de la audiencia hasta el próximo jueves, 16 de febrero, para revisar con detenimiento el material presentado por la Fiscalía, cuya exposición fue de cuatro horas.

Si bien la secretaria de Educación le está haciendo frente a cada una de las acusaciones, desde varios sectores políticos están pidiendo su renuncia por las dudas que sembró en su gestión. Pero ella cuenta con el espaldarazo del alcalde, Daniel Quintero Calle.

Durante el consejo de gobierno, el alcalde dijo que en 2020 la Contraloría abrió un proceso por el mismo contrato por el que ahora es investigada la funcionaria. En ese momento, se demostró que no hubo sobrecostos por $ 900 millones, sino un ahorro de $ 500 millones.

“Después de casi tres años, lo volvieron a abrir; esta vez a la secretaria de Educación, un proceso por el mismo contrato. Va a demorar después de este proceso, porque además le hicimos doble chequeo que antes nos ahorramos plata y por eso tenemos certeza”, dijo.

También le manifestó su apoyo para que esquive los señalamientos de la Fiscalía. Quintero Calle reveló que Alexandra Agudelo “está sufriendo en lo personal” por los presuntos hechos de corrupción que la acusan de protagonizar.