Las razones por las que Antioquia enfrentaría una crisis en su red pública de salud

El viernes 27 de enero la Superintendencia Nacional de Salud podría ordenar la liquidación de Savia Salud EPS, la entidad que atiende al 80 por ciento del régimen subsidiado del departamento de Antioquia y sus finanzas comprometen a varios hospitales públicos.

Hay preocupación por los efectos que tendría la decisión, que estaría sustentada en deficiencias en la prestación de los servicios, dado que los usuarios se han quejado ampliamente de las operaciones y una crisis aguda en su situación financiera.

Solo en los primeros nueve meses de 2022, la Superintendencia recibió 5.778 peticiones y reclamos contra la EPS por fallas en la atención de los usuarios. El 37 por ciento de las demandas instauradas corresponden a riesgos de vida, según lo indicó la entidad.

Los socios de Savia Salud son la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín. Los dos primeros están maniobrando contra viento y marea para salvarla con una inyección económica, pero la inminente liquidación ya se estaría dando por hecho.

Esta sería la respuesta del Gobierno nacional, después de cinco años de estar en vigilancia especial por dificultades económicas. Aunque desde agosto de 2017 se ha postergado la decisión, todo indicaría que el ultimátum que ha sido prolongado se cumpliría.

El superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, le dio cuatro meses a la entidad para estabilizar la situación financiera y operativa. Si no se cumple la petición al pie de la letra, “no permitiremos más dilación en la implementación de acciones de fondo”.

La inquietud es que más de un millón de personas están afiliadas y, en su mayoría, son de escasos recursos. La liquidación generaría caos y riesgos en la prestación del servicio, así lo definió en un comunicado de prensa el partido Centro Democrático este miércoles.

Aunque el superintendente advirtió que las determinaciones que se han tomado en Savia tienen el propósito de “garantizar la salud y la vida de los ciudadanos que hoy atraviesan dificultades por barreras en la atención y este tipo de situaciones no las vamos a permitir”.

Los problemas serían mayores. Por ejemplo, la IPS Alma Máter le envió una comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud pidiendo que no se dé una liquidación porque golpearía las finanzas de este hospital, conocido anteriormente como la Clínica León XIII.

Solo a esta institución, se le adeuda $ 49 mil millones. Los saldos en rojos son más, un informe de la Supersalud reveló que, para septiembre de 2022, las cuentas por pagar eran $ 579.647 millones, cuando su patrimonio adecuado fue de 735.367 millones de pesos.

El Hospital Mental de Antioquia también entraría en un déficit financiero en dado caso de que se ordene la liquidación porque el 80 por ciento de sus pacientes son afiliados a esta entidad. Además, se podría llegar a poner en riesgo los servicios que se les ofrece.

Frente a este escenario, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, afirmó que se ha calificado injustamente la gestión de la EPS. La Superintendencia pidió cumplir con 19 indicadores, hace años solo se lograron siete, hoy el cumplimiento es de doce puntos.

“Venimos haciendo el esfuerzo, que se vienen teniendo resultados en la mejora de esa institución de salud para los antioqueños. No solo es eso, sino que, en los siete indicadores que no se cumplen, el cumplimiento general es del 60 por ciento”, contó.

Sugirió que la situación económica que hoy vive Savia Salud es resultado de una supuesta inequidad que se estaría cometiendo con la EPS que manejan al régimen subsidiado, a quienes le igualaron los planes de salud que deben ofrecer las del régimen contributivo.

Así las cosas, Gaviria Correa reveló que la EPS pedirá una prórroga en la medida de vigilancia para poderla salvar: “Entonces, lo que esperamos es que se prorrogue la medida de vigilancia”, dijo el gobernado.