Líder ambiental e integrante del Pacto Histórico fue asesinado en Granada, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación designó un grupo especializado para investigar el homicidio de Juan David Ochoa Rueda, defensor del medio ambiente y promotor del Pacto Histórico en el oriente de Antioquia.

El hecho fue rechazado por el presidente electo, Gustavo Petro, luego de que la comunidad del municipio de Granada denunciara su muerte violenta en una vereda del corregimiento de Santa Ana.

Al parecer, el asesinato se habría dado en medio de un ataque armado en la madrugada de este lunes, cuando él se dirigía a su casa junto a su compañera sentimental, quien habría quedado lesionada.

La víctima era resaltada en la subregión como un fiel defensor del agua y alzó su voz de rechazo en contra de las actividades extractivistas que los privados adelantan en los municipios del oriente.

“Él era un reconocido líder juvenil y comunitario de su territorio, que en los últimos meses hizo parte activa de la campaña del Pacto Histórico. Rechazamos su homicidio, como rechazamos la oleada de violencia que, ante la mirada cómplice de las autoridades, azota nuestro territorio”, advirtió la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia.

Supuestamente, Juan David Ochoa Rueda había denunciado amenazas, por lo que integraba la lista de las personas y organizaciones que estaban en riesgo en esa subregión de Antioquia por defender el territorio, tal como se lo hicieron saber a la Defensoría del Pueblo en abril de 2020.

Si bien el homicidio no ha sido atribuido a nadie, las poblaciones alertaron que en el territorio delinquen varias organizaciones ilegales cuyo principal objetivo es la producción y el tráfico de estupefacientes.

“El oriente desde hace muchos años viene disputando el falso relato de paz. En la región los grupos armados nunca se fueron. Acá no vivimos la paz sino la pacificación, que son dos cosas que, aunque puedan sonar cercanas, son muy distantes en su fondo y formas”, agregó la Mesa de Derechos Humanos.

Para acelerar el esclarecimiento del asesinato del líder ambiental, el mandatario electo ordenó investigar el incidente: “¿Quién lo asesinó? Lo sabremos. En Colombia se acabará la impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen de Juan David Ochoa Rueda.

En ese sentido, el ente acusador anticipó que un fiscal de tribunal, adscrito a la Unidad Especial de Investigación, asumió los estudios del caso que inició la Policía Judicial con los actos urgentes en el corregimiento de Santa Ana.

Situación de los líderes sociales en Antioquia

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre las condiciones de seguridad que tienen varios municipios de Antioquia por cuenta de las confrontaciones armadas y coletazos de la ilegalidad a los que están sometidas las poblaciones.

Entre las víctimas visibles están los defensores de los derechos humanos que han alzado la voz de rechazo frente a las acciones delincuenciales. Con base en el registro de la Corporación Jurídica Libertad, en el departamento este año han muerto violentamente ocho líderes por mostrar el rechazo tras la violencia.

Winston Gallego, vocero de esa organización, mencionó que esta situación responde a la necesidad de implementar el acuerdo de paz en los puntos que exige la protección de los defensores sociales.

“Una real implementación de la comisión nacional de seguridad y garantías para el desmantelamiento de estructuras sucesores del paramilitarismo, una real política pública para la garantía a la labor de defensores de DD. HH., y una reactivación de las mesas de garantías a nivel nacional y regional”, argumentó el integrante de la Corporación Jurídica Libertad.

Las agrupaciones de los líderes de Antioquia coincidieron que es urgente avanzar en la lucha contra “la impunidad de los crímenes, lograr avanzar en las investigaciones más allá de los autores materiales”.

Por otro lado, la Fundación Sumapaz denunció que hay una impunidad del 78 % de los homicidios cometidos contra los defensores de los derechos humanos en Antioquia entre 2016 y 2022. Es decir, solo el 22 % de los casos cuentan con una condena.

“45 casos permanecen en indagación, 21 en ejecución de penas con sentencia condenatoria, 11 en etapa de juicio, ocho en preclusión por muerte de indiciado, ocho en indagación con orden de captura, uno en investigación y un caso fue archivado”, alertó la organización.