Líder social fue asesinado en zona rural de Tarazá, Antioquia

La Gobernación de Antioquia confirmó el homicidio de Danilo de Jesús Madrid López, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Doradas Altas del municipio de Tarazá, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Los hechos se presentaron en la mañana de este miércoles y fue un hermano de la víctima de 45 años quien lo halló sin vida dentro de su finca. De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el líder falleció producto de una herida causada con arma de fuego.

Si bien el incidente ocurrió a tempranas horas del día, solo fue hasta las 6:15 p. m. que el cuerpo llegó hasta el hospital de la localidad donde las autoridades adelantaron las labores judiciales.

Es decir, fueron sus familiares quienes lo movilizaron durante 180 minutos por el camino que conduce de Doradas Altas hasta la cabecera municipal para iniciar las investigaciones del caso que tiene conmocionada la población dado que él no había denunciado amenazas en su contra:

“Las autoridades no ingresaron a la vereda, le tocó a la comunidad recoger el cuerpo”, informó uno de los defensores de derechos humanos de Tarazá, zona fuertemente afectada por la presencia de los grupos armados.

A raíz del hecho, la Secretaría de Gobierno de Antioquia rechazó el homicidio del líder comunal e incitó a los organismos de investigación a esclarecer el incidente que agudiza la situación del orden público en Tarazá: “Solidaridad con sus familiares y amigos. Nada justifica la violencia”, mencionó la entidad en redes sociales.

La voz de repudio también llegó desde la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia quien reconoció que Danilo de Jesús Madrid López era activista y defensor de los derechos humanos en el Bajo Cauca.

“Urgimos a las autoridades a agotar todos los recursos para esclarecer los hechos. Nos solidarizamos con la familia y la organización de derechos humanos”, escribió la alta comisionada de la ONU, Juliette de Rivero.

Finalmente, el comando de la Policía Nacional en Antioquia argumentó que las unidades de la Policía Judicial están trabajando para aclarar cuando antes el asesinato del vicepresidente de la junta de acción comunal.

Si bien no se le ha atribuido el crimen a ninguna persona, comunidades denuncian que podría estar asociado a los grupos armados que hacen presencia en el municipio. En el radar de las autoridades está el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Situación de los líderes sociales en Antioquia

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre las condiciones de seguridad que tienen varios municipios de Antioquia por cuenta de las confrontaciones armadas y coletazos de la ilegalidad a la que están sometidas las poblaciones.

Entre las víctimas visibles están los defensores de los derechos humanos que han alzado la voz de rechazo frente a las acciones delincuenciales. Con base en el registro de la Corporación Jurídica Libertad, en el departamento este año han muerto violentamente siete líderes por mostrar el rechazo tras la violencia.

Winston Gallego, vocero de esa organización, mencionó que esta situación responde a la necesidad de implementar el acuerdo de paz en los puntos que exige la protección de los defensores sociales.

“Una real implementación de la comisión nacional de seguridad y garantías para el desmantelamiento de estructuras sucesores del paramilitarismo, una real política pública para la garantía a la labor de defensores de DDHH, y una reactivación de las mesas de garantías a nivel nacional y regional”, argumentó el integrante de la Corporación Jurídica Libertad.

Las agrupaciones de los líderes de Antioquia coincidieron que es urgente avanzar en la lucha contra “la impunidad de los crímenes, lograr avanzar en las investigaciones más allá de los autores materiales”.

Por otro lado, la Fundación Sumapaz denunció que hay una impunidad del 78 % de los homicidios cometidos contra los defensores de los derechos humanos en Antioquia entre 2016 y 2022. Es decir, solo el 22 % de los casos cuentan con una condena.

“45 casos permanecen en indagación, 21 en ejecución de penas con sentencia condenatoria, 11 en etapa de juicio, 8 en preclusión por muerte de indiciado, 8 en indagación con orden de captura, 1 en investigación y 1 caso fue archivado”, alertó la organización.