NACIÓN
Líderes del paro minero en Bajo Cauca piden a la procuradora Cabello ser garante para reanudar diálogos con el Gobierno
Ya van más de 12 días de suspensión de las conversaciones.
El comité pro paro minero del Bajo Cauca, Valdivia, nordeste antioqueño, sur de Bolívar y sur de Córdoba, en representación de más de 45 mil pequeños y medianos mineros, manifestaron que se cumplieron más de 12 días de haberse suspendido los diálogos con el Gobierno nacional, por lo que solicitan que se les permita avanzar en la formalización de la actividad minera en sus territorios, trabajar dignamente y levantar su legítima protesta pacífica.
Esta solicitud fue dirigida a la procuradora general, Margarita Cabello, para que sea garante de este proceso.
“Que pueda darle continuidad prontamente al diálogo con el gobierno nacional, por lo que rogamos de manera respetuosa solicitarle al presidente de la República, Gustavo Petro; ministro del Interior, Alfonso Prada; viceministro del Interior, Gustavo García; ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; ministra de Ambiente, Susana Muhamad; retomar las conversaciones con el comité minero, teniendo en cuenta que en los anteriores encuentros se había avanzado en la mayoría de las peticiones presentadas al Gobierno nacional el 21 de febrero de 2023″, señaló el comité por medio de un comunicado.
En la misiva, agradecieron el gesto de la procuradora de haber enviado profesionales de la Procuraduría General de la Nación a escuchar sus reclamaciones, “y con ello dimensionar que los pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca, Valdivia, nordeste antioqueño, sur de Córdoba y sur de Bolívar, somos gente buena, trabajadora, resiliente, que aporta al desarrollo del país, pero que viene siendo estigmatizada a través de medios de comunicación. Ni vándalos, ni criminales, somos orgullosamente mineros”, señaló el comité.
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El grupo continuó manifestando que, en la última década, su gremio ha sido estigmatizado y tratado como criminal, según expresan, por realizar una actividad heredada por sus ancestros y de la que hoy dependen directa e indirectamente miles de familias en el país.
“Sin embargo, en la medida que nos sigan tratando como delincuentes, estamos aportando con los pagos de impuestos y de una u otra manera nuestro trabajo aunque de manera informal genera también regalías y desarrollo en nuestros territorios”, concluyeron el comunicado que fue difundido en representación de los mineros de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Valdivia, nordeste antioqueño, sur de Bolívar, Puerto Libertador, San José de Ure, Montelíbano, Ayapel y otros territorios colombianos donde se adelantan marchas pacíficas pro paro.
Entretanto, las compañías que ofrecen el servicio de transporte público desde Medellín hacia esa subregión se han visto afectadas desde el primer día en el que se bloqueó la troncal de occidente. Con base en los cálculos de la Unión de Transportadores, el saldo negativo ya supera los cinco mil millones de pesos y no han encontrado alivios en el camino.
Los directivos se han visto en la obligación de suspender hasta 60 viajes diarios, debido a las complicaciones que ha traído la movilización. Por un lado, está el comportamiento del orden público y, por el otro, la falta de dinero de los habitantes para hacer los desplazamientos. De momento, tres organizaciones ya iniciaron con los despidos.
“Tenemos en riesgo a 300 empleados directos y más de 1.800 indirectos que significa una afectación cercana de 8.400 personas en total con sus grupos familiares y que dependen, única y exclusivamente, de los ingresos por la operación de las empresas afectadas”, indicó Samir Echeverri, vocero de la Unión de Transportadores de Antioquia (Ultrans).
En efecto, se le pidió al Ministerio de Transporte que haga presencia en el departamento y, junto a los gremios, encuentren la fórmula para aliviar el bolsillo de toda la cadena de servicio. En solo 14 días de la manifestación en el Bajo Cauca se dejaron de movilizar desde Medellín a más de 28.000 personas, sin tener en cuenta el origen de los pueblos.