Nación
Lo que le quitaron a la red de lavado de activos compuesta por un australiano y varios colombianos; ¿qué pasará con ellos?
Las autoridades de ambos países se articularon para adelantar operativos en contra de los capturados.
Un nuevo golpe contra el crimen se dio en Medellín. Sin embargo, este fue diferente al resto debido a que contó con el apoyo de la Policía de Australia Occidental (WAPOL) y la Policía Federal Australiana (AFP), pues había un ciudadano proveniente de la nación oceánica involucrado en lo sucedido.
El caso es que el hombre identificado como Moreed Noor, mejor conocido por el alias de Robin, lideraba una organización ilegal dedicada al lavado de activos. No obstante, el australiano no fue el único que cayó a través de los operativos realizados recientemente.
“El trabajo coordinado por la Delegada para las Finanzas Criminales, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio; apoyados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió la captura de cinco personas que estarían relacionadas con Moreed Noor, quien está siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir”, estableció la Fiscalía General de la Nación.
De la misma manera, las investigaciones adelantadas determinaron que Noor y la colombiana Brissa Daniela Trejos Vélez, quien es su compañera sentimental, habían dejado su casa en Australia en el 2018 y se fueron a vivir a Medellín, lugar en el que coordinaron actividades ilícitas e incrementaron de manera irregular su patrimonio.
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Asimismo, el resto del material probatorio permitió definir que otros familiares y personas allegadas a la pareja ayudaron a crear empresas fachada que sirvieran para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.
De esta forma, se imputó a Moreed Noor, Brissa Daniela Trejos Vélez, María del Pilar Vélez García, Hernán de Jesús Pulgarín Arcila y Paula Andrea Restrepo Vélez los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por los capturados.
Cabe mencionar que durante las operaciones de las autoridades se registraron y allanaron las propiedades de los sindicados, incautándose 70.000 dólares americanos, 4.055 dólares australianos, celulares, discos duros y computadores con documentos contables que podrían demostrar los crímenes mencionados antes.
“De manera simultánea, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 3 sociedades, 11 bienes muebles entre vehículos de alta gama y maquinaria amarilla, 1 embarcación, y 3 bienes inmuebles. El valor de los activos fue calculado preliminarmente en 3.700 millones de pesos”, agrega el ente acusador.
Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) tomarán pose de los inmuebles intervenidos y dispondrán de conformidad con la justicia colombiana.
“Lo que estamos viendo es un favor a la criminalidad”, el duro discurso del fiscal Barbosa en congreso sobre lavado de activos
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo fue el tema central del 22° Congreso Panamericano de Riesgo sobre Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el que intervino el fiscal general Francisco Barbosa.
Tras destacar que “lo más importante que tiene Colombia hoy es su institucionalidad”, manifestó que hoy está fracturada. “Hay discursos contra la institucionalidad colombiana. Estamos haciendo un favor a la criminalidad, un favor a la delincuencia”, señaló el funcionario, quien hizo un llamado a la cohesión de todos los órganos del Estado.
Desde su perspectiva, “las instituciones colombianas son trascendentales para poder pensar y transformar”. En ese sentido, expresó que es imperativo buscar el camino para establecer hacia dónde debe ir el país en esa lucha contra el delito.
Y la tarea debe hacerse, “no para una próxima elección, sino para las próximas generaciones de colombianos que tienen que vivir en este territorio”, argumentó Barbosa.
