Lo último: disidencias de las Farc anuncian cese al fuego en Antioquia

Un comunicado firmado por el frente 36 de las disidencias de las Farc da cuenta de que está dispuesto a negociar su transición hacia legalidad bajo la política de la paz total, impulsada desde el 7siete de agosto por el presidente Gustavo Petro. Para mostrar su interés, anunció un cese al fuego de hostilidades en las montañas antioqueñas.

Esta confirmación fue emitida luego de que el Gobierno nacional les pidiera a los grupos armados que delinquen en esta región del país señales de adopción al diálogo.

También por la propuesta del jefe de Estado de frenar las operaciones militares en contra de las estructuras ilegales, con el fin de priorizar el espacio de los procesos de sometimiento.

El texto ha circulado ampliamente por las poblaciones del norte, nordeste y Bajo Cauca del departamento, aunque las operaciones delincuenciales de este grupo criminal se concentra en la primera subregión.

De acuerdo con la información de las unidades de inteligencia de la fuerza pública, esas disidencias gestionan economías ilegales en Ituango, Anorí, Campamento y Briceño.

En ocho párrafos, las mismas resumen su interés en pactar su transición hacia la legalidad. Un deseo que, contradictoriamente, dicen que está presente en sus corazones desde siempre. Y aunque tuvieron la oportunidad de cumplir el sueño con el proceso de paz de 2016, criticaron que la negociación no se podía limitar a la entrega de un puñado de armas.

“Hemos confiado infinidad de veces en salidas de negociación y políticas para este conflicto, y así lo dice nuestra historia de resistencia como pueblo azotado en armas, y lo seguiremos haciendo. De cada tropiezo y error hemos aprendido y no cerramos nunca las puertas. Creemos que la paz se edifica sobre la solución de las necesidades”, se lee en el papel.

En ese sentido, este brazo armado de las disidencias de las Farc se comprometió a dejar de disparar en las regiones de Antioquia de manera multilateral. Es decir, el bloqueo de las acciones terroristas de la organización ilegal estaría condicionado a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de hacer un alto al fuego en contra sus integrantes.

Ese sería el primer paso que adoptarían para llamar la atención del Estado. Luego, llegaría la instalación de una mesa de diálogo donde están dispuestos a sentarse, siempre y cuando esté mediada por representantes de la Iglesia, representantes de la sociedad civil de orden regional y nacional, como también miembros de la comunidad internacional.

Ahora bien, otro detalle trascendental del documento que firmó el frente 36 de las disidencias de las Farc es que ya tiene los nombres de las personas que serán sus delegados en el espacio de negociación donde pretenden dejar las armas y acciones violentas. Anticiparon que lo darán a conocer en el momento oportuno.

“No negamos nosotros las enormes diferencias que tenemos con el paramilitarismo y fuerzas militares, aún aliadas entre ellas. Su depuración será factor importante para asegurar la paz total, pero aún así estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Proponemos que demás actores armados se pronuncien”, concluyó el texto.

Frente a estas intenciones, los mandatarios locales de los municipios donde opera el grupo guerrillero mostraron optimismo.

El alcalde de Anorí, Juan Camilo Piedrahíta Ceballos, afirmó que cualquier gesto de paz es bienvenido en el territorio para alcanzar la tranquilidad en las comunidades.

El común denominador de las tres administraciones es el diálogo con los grupos armados para sanar las heridas que sigue abriendo el conflicto. “Todo lo que acerque a los grupos a la construcción de paz es muy bienvenido, sobre todo en territorios como el nuestro, donde nos han impactado negativamente”, dijo el mandatario de Anorí.

Lo mismo piensa el Gobierno departamental, en cabeza de Aníbal Gaviria Correa, quien ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas de sometimiento para frenar la ola de violencia que tiene Antioquia.

“Pensamos que el mejor camino es la no violencia, el diálogo y buscar acuerdos con estos actores ilegales”, argumentó la Gobernación.