Los contratos que involucran en la Procuraduría a un exalcalde de San Rafael, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación sigue escudriñando en las administraciones de los municipios de Antioquia cualquier elemento que ponga en tela de juicio la gestión de los funcionarios públicos. En ese sentido, formuló cargos contra el exalcalde del municipio de San Rafael, Adab de Jesús Marín Arcila, por la gestión que adelantó entre 2016 y 2019.

El ente de control disciplinario lo cuestiona por una supuesta suscripción irregular de contratos que alcanzó en ese período, cuyo objetivo era transportar a los estudiantes de instituciones educativas rurales y urbanas. También para la movilidad de personas en estado de vulnerabilidad que requerían atención médica en otros lugares.

El primer elemento que es motivo de reproche por parte de los investigadores es que habría omitido procesos de verificación en medio de los acuerdos. En particular, presuntamente, no puso atención efectiva sobre la condición administrativa de las empresas con las que alcanzó los contratos: Sotrapeñol y Sotrasanvicente.

“Así mismo, le cuestionó la posible celebración de dos bilaterales de prestación de servicios con estas firmas, a través de contratación directa, a pesar de que por su cuantía debían realizarse mediante selección abreviada”, se lee en un comunicado de prensa que firmó la Procuraduría General de la Nación para alertar sobre este caso.

Este escenario habría desencadenado una desatención de las modalidades y procedimientos que se utilizan en la contratación pública, y que están establecidos legalmente para adelantar los convenios de asociación. En consecuencia, las decisiones que habría tomado impidieron la participación plural de otros oferentes para escoger la oferta más favorable.

Las personas que están adelantando este proceso de verificación dieron cuenta que, supuestamente, el implicado pudo nadar en contra de las normas definidas por el legislativo. Una de las que llama la atención es el artículo 355 de la Constitución Política que deja en firme los requisitos para gestionar contrataciones públicas con organizaciones particulares.

“Los contratos que celebran con los municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares”, reseñó en el documento el ente de control disciplinario.

En efecto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro calificó provisionalmente la presunta falta del exmandatario municipal como grave a título de culpa grave. Él podrá presentar su versión acerca de los hechos que son denunciados por este órgano de control. Además, solicitar o aportar pruebas que considere pertinentes.

De igual manera, el ente de control disciplinario formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Guarne, Sneyder Willington Quinceno Marín, quien tuvo las riendas de la gestión entre los años 2016 y 2019. Un mismo proceso fue abierto a la persona que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Daissy Marcela Llano Pineda.

A los dos exfuncionarios les reprochan el trámite y la ejecución que le dieron al contrato de obra para diseñar y construir el sistema central de espacios públicos de esta localidad. Según la investigación que se ha adelantado, ambos podrían tener responsabilidades en las presuntas inconsistencias que se encontraron.

Al entonces mandatario de Guarne se le cuestionó por no verificar los trámites que estaba adelantando la cartera de Hacienda con el acuerdo de esa edificación, cuya inversión fue de once mil millones de pesos, a razón de que habría comprometido vigencias futuras sin contar con el visto bueno de los integrantes del Concejo.

“En cuanto a la exfuncionaria, el ente de control le reprochó la supuesta certificación irregular de la apropiación de vigencias futuras por $8.215 millones, un monto superior al 70 % del proyecto, para atender los pagos derivados de la bilateral en 2017″, detalló la Procuraduría General de la Nación.