Estos serían los exalcaldes de Antioquia que le habrían entregado contratos al Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación habría descubierto una presunta red de corrupción al servicio de la organización delincuencial del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Al parecer, desde las administraciones municipales se gestionaban contratos que terminaban en las manos de supuestos narcotraficantes.

Bajo la lupa de las autoridades están dos exalcaldes del departamento: Ovidio de Jesús Ardila Rodas, quien tuvo en las manos las riendas de Carepa; y Jaime López Pacheco, que fue electo como mandatario local en Necoclí. Ambos fueron judicializados en las últimas horas por petición del ente de acusación.

Ellos están siendo procesados como presuntos responsables de direccionar la contratación pública de sus localidades para que quedara bajo el dominio de las empresas de John Fredy Zapata Garzón, conocido con los alias de Candado y Messi, uno de los señalados narcos invisibles del grupo que comandó Otoniel.

Con base en la información que recopilaron las unidades de inteligencia de las Fuerzas Militares, hay suficientes elementos que podrían comprobar la supuesta injerencia de esta organización armada en las administraciones públicas de esta subregión, donde aparecen como el único grupo ilegal de trascendencia.

La investigación se remonta a los años en que estuvieron promocionando sus nombres para llegar a las administraciones municipales más importantes de esa subregión antioqueña. Al parecer, los exmandatarios, por medio de terceros, habrían recibido aportes por 410 millones de pesos para sus campañas.

“Tan pronto ganaron las elecciones y asumieron los cargos, al parecer, orientaron la contratación a favor de las empresas de Candado o Messi en contraprestación por los dineros recibidos”, indicó la dirección especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado de prensa.

El material probatorio recopilado por las unidades que analizaron la situación indicaría que, por estas actuaciones que nadan en contra de la Constitución, los entonces alcaldes locales también habrían pactado recibir beneficios a cambio por adjudicar cada uno de los contratos: entre el 12 % y el 15 % del valor total.

El exalcalde de Carepa habría entregado tres contratos por más de 8.350 millones de pesos. Mientras que el exalcalde de Necoclí habría asignado acuerdos para el suministro de combustibles por un valor cercano a los 1.690 millones de pesos, donde se habría beneficiado directamente, supuestamente, el Clan del Golfo.

En la lista de los investigadores también aparece el nombre de Alex Lozano Lozano, exsecretario de Planeación del municipio de Carepa. Las autoridades judiciales sospechan que este hombre sería el responsable de direccionar un contrato por 453 millones de pesos para la construcción de un parque en el Urabá.

Frente a este escenario que ha generado estruendo en el departamento de Antioquia, un fiscal de la Unidad Especializada de la región les imputó a los tres exfuncionarios, con base en su posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en contrataciones.

Sin embargo, pese al material que fue expuesto en las audiencias de imputación de cargos, las tres personas no aceptaron las responsabilidades en los casos citados. Pero quedaron vinculados al proceso mientras tratan de contrariar los argumentos y pruebas que recopiló y presentó la Fiscalía General de la Nación en Antioquia.

“Por disposición del juez de control de garantías, los dos exalcaldes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, y el exsecretario de Planeación de Necoclí seguirá vinculado a la investigación”, detalló el ente de acusación en un comunicado dirigido a la opinión pública.