Medellín
“Los menores son raptados de colegios”: las aterradoras denuncias sobre explotación sexual en Medellín
La Policía Nacional ha recibido 117 denuncias por delitos relacionados con explotación sexual en la capital de Antioquia.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la instrumentalización sexual al que están siendo sometidos los niños, niñas y adolescentes en Medellín. Una serie de denuncias recopiladas por el organismo que defiende los derechos humanos deja en evidencia que el delito está desbordado en las zonas más turísticas de la ciudad.
Tal como lo ha reconocido la administración del distrito, este tipo de delitos se cometen con mayor frecuencia en los sitios que tienen mayor circulación de personas, sobre todo viajeros. El escenario más crítico se está presentado en la comuna 14, en el exclusivo sector de El Poblado y en las inmediaciones de sus derivados: Parque Lleras y Provenza.
Las alertas que han llegado a las oficinas de la Defensoría en Antioquia son estremecedoras; así lo reveló la entidad en un informe conocido por SEMANA. Padres de familias y cuidadores han relatado cómo los delincuentes reclutan a sus menores para protagonizar encuentros sexuales en esas zonas de la capital de Antioquia.
En un apartado del documento que fue extendido a las autoridades locales se lee: “La información entregada en audios a la Defensoría Regional revela que, en muchos casos, las niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente bajo amenazas en viviendas cercanas al Parque Lleras”. La antesala de esos crímenes sería aterradora.
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Varios casos documentados dan a conocer que las víctimas habrían sido secuestradas antes de llegar a las garras de los abusadores. Aunque la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha insistido en que no hay evidencias de estos escenarios, en el Ministerio Público invitaron a las autoridades a investigar estas críticas prácticas que se estarían dando.
Personas que pidieron no ser nombradas en el expediente compartido por la Defensoría del Pueblo afirmaron que “los menores son raptados de colegios en la ciudad”. Aunque en las redes sociales ha circulado esta tesis y los padres de familia se han prevenido, las autoridades han respondido que se trataría de un mito urbano.
El entonces comandante de la Policía en Medellín, brigadier general Javier Martín Gámez, aseguró que esta situación es una réplica de algo que ya había sucedido hace cinco años y que hoy no está activa, “lo que sí hay son delincuentes que quieren generar zozobra. Esto no quiere decir que descuidaremos la protección de los niños”, dijo el oficial.
Por otro lado, la Defensoría advirtió que la violencia sexual, principalmente contra niñas y adolescentes, está disparada. Este fenómeno delictivo habría aumentado con la celebración de la Feria de las Flores en el mes de agosto. El alto flujo de turistas fue aprovechado por los instrumentalizadores de los menores.
En el pliego de recomendaciones emitido por esta entidad aparece una mayor articulación entre los organismos judiciales para investigar y judicializar a los responsables. Aunque resulta importante perseguir a las estructuras que fomentan la explotación, resulta importante identificar a “quienes acuden y demandan estos servicios”.
“La explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes es un hecho lamentable, un delito que debe ser sancionado. Es fundamental un trabajo de sensibilización y pedagogía sobre el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, no solo físico, también psicológico y emocional”, concluyó la Defensoría.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va corrido de 2022, se han interpuesto 117 denuncias por delitos relacionados con explotación sexual comercial de personas, 106 victimizando a menores de edad y 10 víctimas adultas, en las que el 76 por ciento de las alertas emitidas vincularon a las mujeres.
De igual manera, seis criminales han sido capturados por ponerles precio a los cuerpos de los menores de edad y a los mayores de 18 años. Para frenar los delitos, la Alcaldía fijó un toque de queda para niños y niñas en las zonas donde se tienen antecedentes de prostitución y una recompensa de 100 millones de pesos para identificar a los delincuentes que la promueven.