“Luis Alfredo Ramos debe ir a la JEP”: víctimas de Antioquia

La Fundación Forjando Futuros, que acoge a las víctimas del conflicto armado en Antioquia, pidió que el exgobernador y hoy condenado por concierto para delinquir, Luis Alfredo Ramos, acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad.

La solicitud se da luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de más de siete años contra Ramos por la alianza que tuvo con grupos paramilitares entre 2001 y 2007 que, incluso, financiaron las campañas políticas con las que llegó a la Gobernación de Antioquia y al Senado.

En ese sentido, piden que las acciones vayan más allá de la decisión punitiva dado que el condenado tendría información que ayudaría a esclarecer los hechos de violencia que se presentaron en Antioquia.

“A nosotros nos parece conveniente que, ante la sentencia de la Corte Suprema, se tomara la decisión de ir a la JEP porque son los tribunales adecuados para que allí se confiese toda la verdad”, mencionó el director de la Fundación, Gerardo Vega.

En particular, les interesa conocer los nombres de las personas que participaron en la financiación de campañas políticas en el departamento durante el mismo período que Ramos se benefició, pues sospechan que otras personas aprovecharon el apoyo de los ilegales para ejercer cargos de elección popular.

Y en consecuencia, comentó el representante de las víctimas, ese patrocinio habría tenido injerencia en los programas de desarrollo de los políticos.

“Antioquia ha estado profundamente vinculada a temas de la ilegalidad desde la administración pública. En las gobernaciones han estado vinculados con grupos paramilitares y con despojadores de tierra. Antioquia debería revisar cómo ha sido la vida política”, afirmó el director de Forjando Futuros.

Finalmente, agregó que Luis Alfredo Ramos también está en la obligación de hablar en la Comisión de la Verdad antes de que se presente el informe final para contribuir al esclarecimiento y beneficio de las víctimas de la guerra.

La respuesta

El exgobernador de Antioquia no se ha pronunciado sobre el pedido de las víctimas, pero reaccionó una vez se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia alegando su inocencia.

“Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos. He padecido, junto a mi familia, la persecución y la infamia durante los últimos doce años”, escribió en un comunicado.

El proceso

La Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.

La decisión inicial de la Corte deja claro que Ramos “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”.

En el expediente se leen varios testimonios de jefes paramilitares que dan cuenta de cómo en la región hacían presencia los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, entre otros.