Medellín declara calamidad pública para demoler edificio vecino al Space

El alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero Calle, anunció en la mañana de este viernes un mensaje que se estaba esperando desde hace nueve años en la ciudad: la posible demolición el edificio Continental Towers, una infraestructura que amenaza con caerse desde el 2013 por fallas en su construcción. Propietarios celebran.

La tragedia empezó cuando se cayó una torre de la unidad residencial vecina. El Space se derrumbó y doce personas murieron. Con el paso del tiempo, los organismos de socorro ordenaron dinamitar todos los rincones del conjunto por deficiencias en las obras iniciales. En medio de la inspección, la lupa se puso sobre el Continental donde se hallaron riesgos.

Noventa familias tuvieron que abandonar. Aunque los juzgados de la ciudad le pidieron a la constructora CDO que cubriera con las indemnizaciones y gestionara las tareas para mitigar la problemática. Una vez tuvieron la soga en el cuello, los privados se declararon en quiebra y las víctimas de la mala planeación quedaron en medio de la nada.

Durante más de cien meses, los propietarios han padecido los estragos. Según Andrea Echeverri, dueña del apartamento 505, la mayoría están demandados por los bancos porque no han tenido el dinero para costear las hipotecas que gestionaron cuando adquirieron las exclusivas residencias que fueron declarados invivibles.

El famoso edificio fue instalando en la comuna catorce de El Poblado. En un rincón del costoso barrio alzaron la infraestructura que tenía casas de uno, dos y tres pisos. Si bien hoy nadie paga un peso por cada metro cuadrado dentro del edificio, las entidades bancarias los tienen en una avaluación superior que está fuera de la realidad.

Ahora bien, en los últimos meses se han compartido en las redes sociales imágenes en las que se ve el grave deterioro de las viviendas. Las paredes están quebradas, algunos pisos están ladeados y los ladrones están haciendo de las suyas ante la soledad del vecindario. Hay una amenaza latente para los edificios que están en las inmediaciones.

Para mitigar el riesgo en el predio privado hay dos opciones: demolerlo o reforzarlo. La primera medida tiene un costo que supera los cinco mil millones de pesos, mientras que la segunda multiplica ese valor. La medida más próxima es la demolición, pero no habría a quién cobrarle ese dinero, así lo reconoció el mandatario del distrito.

“En este momento, eso es un edificio en riesgo de colapso. Los privados están en la obligación de evitar que ocurra un riesgo al respecto, obviamente esto es un drama para los ciudadanos que fueron estafados”, dijo el alcalde antes de que se conociera la noticia de este viernes donde confirma la declaratoria de la calamidad pública.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Quintero Calle escribió que la administración del distrito costeará la prevención de desastres en el edificio Continental Towers. Es decir, con el dinero de la ciudad se costearán los estragos que provocó la empresa privada a razón de que el desprendimiento no controlado de la infraestructura es inminente.

La plata que saldrá de la cartera se invertirá en acciones de vigilancia en la obra: colocar sensores y avanzar en el proceso de la eventual demolición, detalló el mandatario en un mensaje donde encabezó diciendo: “Ante el incumplimiento de los constructores, declaramos calamidad pública en relación con el Continental Towers”.

Frente a este panorama, la propietaria, Andrea Echeverri, dijo que los propietarios recibían la declaratoria con optimismo porque “nos desharemos de un monstruo que hemos tenido durante nueve años”. Una vez se haga efectiva la demolición, tendrían la intensión de poner a la venta el terreno para asumir las deudas que tienen en los bancos.

Sin embargo, esa posibilidad está amarrada por la Constitución. En dado caso de que esa técnica se realice con el dinero público, una parte del terreno tendría que pasar a las manos de la Alcaldía o la constructora estaría en la obligación de retornar la inversión de la demolición a la caja del distrito, de acuerdo con la normativa vigente.