Medellín
Medellín pagará $ 100 millones por información que advierta sobre amenazas del Clan del Golfo
Mientras tanto, la organización delincuencial les entrega a los sicarios cerca de dos millones de pesos por cada miembro de la fuerza pública asesinado con la marca de las AGC.
Las autoridades en el Valle de Aburrá se blindarán ante el plan pistola contra la fuerza pública que impulsa el Clan del Golfo en Antioquia. Para prevenir hechos delictivos, la Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Policía Metropolitana, está dispuesta a pagar 100 millones de pesos por datos que anticipen los incidentes.
El anuncio se da luego de que la organización delincuencial se filtrara en la ciudad con el homicidio de dos patrulleros en el corregimiento San Félix, del municipio de Bello. El pasado domingo, con armas de fuego y una granada, los atacaron hasta la muerte mientras estaban desayunando en un establecimiento comercial.
De acuerdo con el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, brigadier general Josué Martín Gámez, la medida se toma de manera preventiva ante los altos alcances que han demostrado tener los hombres que están enfilados en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“La Alcaldía de Medellín está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos, va dirigida a una acción preventiva que nos permita anticipar cualquier incursión que se pueda presentar por parte de estos delincuentes en Medellín, especialmente en algunos sitios que tenemos identificados”, afirmó el comandante.
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En la capital de Antioquia se han identificado riesgos en los barrios de la comuna 8 y en La Sierra; igualmente, en los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado. Ahora bien, el dinero se entregará siempre y cuando el ciudadano entregue información certera que pronostique la acción ilegal.
De acuerdo con las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, en los municipios del Valle de Aburrá el Clan del Golfo está delinquiendo con el respaldo de las organizaciones ilegales que operan en la subregión. En las últimas horas, la institución confirmó que el grupo de los Pachelly tuvo injerencia en el asesinato de los uniformados en Bello.
En un consejo de seguridad que se llevó a cabo en esta localidad, se dio a conocer que las autoridades decomisaron las motocicletas que usaron los sicarios para cometer la acción terrorista y el esclarecimiento de sus identidades gracias al registro de las cámaras de seguridad del sector, donde se logró percibir los rostros.
También hay una millonaria recompensa para acelerar la captura de los responsables. Por información que lleve a las entidades judiciales al sitio donde se encuentran los cuatro homicidas que participaron en este hecho delincuencial, la Alcaldía de Bello dará 200 millones de pesos.
Finalmente, por recomendación de la Dirección General de la Policía Nacional, en este municipio los patrulleros ya no podrán realizar las tareas de vigilancia en pareja en una moto, sino que el cuadrante deberá estar compuesto por un grupo de cuatro uniformados para reaccionar a tiempo ante cualquier amenaza del Clan del Golfo.
La preocupación está activa en todas las poblaciones de Antioquia, sobre todo las ubicadas en el Urabá y occidente del departamento, por la declaración de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de asesinar sistemática a los policías y militares que protegen a los municipios.
En esta zona del país, en lo que va corrido del año, han muerto violentamente cerca de 30 hombres y mujeres de la fuerza pública en medio de combates, minas antipersona y hostigamientos. El momento más crítico se está viviendo en el mes de julio, con un saldo de seis víctimas mortales.
El Ministerio de Defensa aseguró que los hombres que comandó alias Otoniel adoptaron una de las estrategias más crueles que utilizó Pablo Escobar para hacerle contrapeso a la Policía: los ilegales le pusieron precio a cada homicidio contra los miembros de la institución.
La muerte de cada uniformado en suelo antioqueño llega a costar hasta dos millones de pesos. Al parecer, la financiación estaría siendo asumida con las rentas que les dejan los negocios delincuenciales: narcotráfico, minería y tráfico de migrantes de Colombia hacia Panamá.