Mineros del Bajo Cauca lanzan ultimátum al Gobierno: “No le siga echando gasolina al fuego porque se le prende el país”

Este miércoles, 15 de marzo, el paro de mineros en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño completó 13 días. Aunque el Gobierno nacional y las autoridades departamentales han asegurado que los bloqueos disminuyeron y las afectaciones se están sorteando, los líderes de las manifestaciones parecen seguir inconformes.

“Yo le hago un llamado al presidente Gustavo Petro, a los altos mandos del Gobierno, en especial al ministro de Defensa: que seamos un poco mesurados y no provoquemos un estallido social. De hecho, creo que amerita este momento oportuno para hacerle un llamado al Gobierno en que no le siga echando gasolina al fuego porque se le prende el país y después no venga a culpar la humildad de los mineros.”, expresó Saúl Bedoya, vocero de las protestas.

De acuerdo con sus declaraciones, la comunidad de mineros no tiene previsto aún finalizar el paro hasta que no exista una concertación que garantice sus actividades de sostenimiento.

“Aquí lo que queremos es producir y trabajar. Por supuesto que de el (del Gobierno nacional) dependerá en que podamos tener la garantía de suspender la quema de maquinarias de la cual dependemos todos”, sostuvo Bedoya.

SEMANA conversó con Jhon Olivares, exsecretario de minas y energía del Norte de Santander, y aseguró que para finalizar el paro minero se necesita de la voluntad del Gobierno, ¿por qué?

Según el exfuncionario, una de las posibles soluciones a las manifestaciones radica en concretar diálogos con la comunidad y formalizar sus actividades mineras. Pero, de acuerdo con sus declaraciones, el discurso del Gobierno actual va en contra de la industria minera y en ese sentido, no se vislumbra caminos hacia una formalización.

“El Gobierno debe sentarse con las comunidades y preguntarles si lo que ellos quieren es realizar una actividad minera a gran escala, acompañarles a buscar áreas libres y que esas áreas sean entregadas y tituladas”, propuso.

¿Por qué protestan?

Las protestas iniciaron desde el pasado jueves 2 de marzo, en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño. Los mineros pretenden que la fuerza pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y ha contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.

De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.

Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarles el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y Nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí. También hay preocupación por las alteraciones de orden público que se han registrado.

De acuerdo con informaciones de inteligencia de la Policía Nacional, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se evidencia que el Clan del Golfo estaría detrás de los desmanes, “es el que ha presionado a realizar bloqueos y acciones violentas. Está detrás de las quemas de los vehículos (…). A pesar de todas las manifestaciones que han hecho ellos para mostrarse ajenos de los comunicados que expiden, la realidad es que, han continuado activos, impulsan las manifestaciones de violencia y generan presión sobre la población para que salga a protestar”.

En cuanto al confinamiento ocasionado por la protesta, el titular de la Defensa manifestó que también ha sido superado, sin embargo, lo que ocurre es que la población se atemoriza frente a manifestaciones que han sido muy directas del Clan del Golfo, y que, por prudencia, no se movilizan.

Además, Velásquez insistió en que es falso que el presidente Gustavo Petro se desplazaría a la región para sostener una reunión con los mineros, puesto que no se ha programado. “El propio presidente afirmó que un requisito para reanudar las conversaciones es la absoluta normalización en estos municipios: que el comercio pueda trabajar sin ninguna limitación, que no haya riesgos de nuevos bloqueos, que no haya manifestaciones de fuerza”.