Mineros en el Bajo Cauca antioqueño recibirán con protestas al presidente Gustavo Petro y a sus ministros

Este 4 de abril es clave para el Bajo Cauca antioqueño. Los mineros se volverán a tomar las calles del Bajo Cauca antioqueño, mientras el presidente lidera un consejo de ministros en Caucasia. Las autoridades doblaron la presencia para asegurar el orden público.

El comité del paro aseguró que las manifestaciones fueron programadas con antelación y sólo son una coincidencia con la agenda del presidente Gustavo Petro. Los integrantes de la movilización advirtieron que las carreteras de la subregión se paralizarán este martes.

Con base en la información divulgada en las últimas horas por la Casa de Nariño, el mandatario se desplazará con su equipo de trabajo hacia esa zona de Antioquia a las 2:00 p. m. sin entregar mayores detalles del encuentro, pese a los reclamos en las vías.

Son siete los puntos de concentración en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Puerto Libertador, Córdoba. Allí se tramitarán las quejas de los mineros informales que buscan frenar las operaciones de la fuerza pública contra la maquinaría.

Tal como está la propuesta, el cese de esas actividades se extendería hasta que el Gobierno nacional pueda formalizar sus labores. Esto se tramitaría por medio de un distrito minero que coordina la Gobernación de Antioquia con varios viceministros.

El comité que lidera la movilización desde hace un mes no tiene comunicación con los delegados del presidente Gustavo Petro desde el pasado 16 de marzo. Ellos confían recibir un mensaje en las próximas horas en el que se les invite a participar del consejo de ministros.

¿Cómo va el paro?

Hace un mes está activo el paro minero en el departamento de Antioquia que infiltró el Clan del Golfo y llevó al presidente Gustavo Petro a romper el cese al fuego. Aunque la violencia disminuyó considerablemente al igual que los bloqueos, no hay humo blanco en la negociación y varios sectores de la economía siguen sumando millonarias pérdidas.

Sobre la mesa hay puntos inamovibles. Las personas que se dedican a la extracción de oro en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste pretenden que el Gobierno nacional frene la destrucción de la maquinaria amarilla que utilizan para arrastrar tierra por parte de la fuerza pública, a pesar de no contar con los permisos y el licenciamiento ambiental.

No sería de manera definitiva, sino hasta que la mayoría de los trabajadores transite de la minería ilegal hacia la legal. De acuerdo con los planes iniciales, eso podría tardar hasta cinco meses y se tramitaría por medio de un distrito minero que ya está en construcción. Sin embargo, el ejecutivo no está dispuesto, bajo ninguna razón, en frenar los operativos.

Así lo dio a entender el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil: “Reiteramos el deber constitucional y legal, irrenunciable del Gobierno, de controlar las operaciones mineras en el país y de todo tipo de minería”. Este es el punto que no ha dejado avanzar la negociación entre el Gobierno y el comité que lidera el paro en el Bajo Cauca antioqueño.

La propuesta de Petro es ofrecerles un subsidio a los mineros más vulnerables hasta que logren la formalización de sus actividades. Esta iniciativa no fue acogida porque no necesitan “limosnas”, sino soluciones estructurales al problema que los sacó a las calles y los mantiene en cese de actividades desde los primeros días del mes de marzo.

Saúl Bedoya, vocero del movimiento, indicó que lo único que necesitan es que las autoridades los dejen laborar sin el temor de que la fuerza pública llegue a destruir la maquinaria que no cumpla con los requisitos de la ley. Eso implica pactar una serie de compromisos con el Gobierno que, de momento, no los ha vuelto a convocar a negociar.