Muere joven de 16 años en Tarazá, Antioquia, al caer en una mina antipersonal; su padre está gravemente herido

Con profunda tristeza, los habitantes del municipio de Tarazá, localizado al norte de Antioquia en límites con el departamento de Córdoba, recibieron la noticia de la muerte del joven Carlos Andrés Martínez Jaramillo, de apenas 16 años de edad, quien cayó con su padre de manera accidental en un campo minado.

Los hechos se registraron en la vereda Doradas Altas de esta población, cuando estas dos personas realizaban labores de pastoreo con un grupo de animales y de repente se vieron sorprendidas por una fuerte explosión que les causó graves lesiones, por lo cual fue necesaria la presencia de soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército Nacional para brindarles la atención médica inicial y llevarlos a un lugar en el que no corrieran más riesgos.

A pesar de esta rápida reacción por parte de los militares, el menor falleció cuando era trasladado a un sector conocido como Puerto Raudal, que pertenece al municipio de Valdivia, donde lo esperaban en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos para llevarlo hasta la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de esa localidad donde sería tratado.

Para Luis Carlos Martínez Durango, de 40 años de edad, quien es el padre del adolescente que murió, es delicada su situación de salud, ya que presenta heridas en el brazo derecho, pierna derecha y el abdomen; así como laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que debió ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad.

Lamentablemente, en esta zona del Bajo Cauca Antioqueño se tiene el accionar de muchos grupos al margen de la ley que se disputan el territorio por los cultivos y el comercio de coca, además de la explotación ilegal de minas de oro que existen en el área de Tarazá, Caucasia, Ituango, Cáceres, El Bagre y Nechí en los límites con Córdoba.

Entre las organizaciones delincuenciales que azotan esta subregión aparecen el Clan del Golfo, ELN, disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, así como Los Caparros que mantienen un pequeño reducto en el corregimiento Liberia-El Charcón, entre los municipios de Caucasia y El Bagre.

Se estima que de los 1112 municipios de Colombia, hay cerca de 350 que ya no registran estos artefactos explosivos, por lo que han sido declarados como libres de minas antipersonales, gracias al trabajo que adelantan el Ejército, las organizaciones civiles, la Armada Nacional y la Policía, entre otras autoridades.

Las estadísticas son alentadoras si se tiene en cuenta que existen 405 poblaciones, que por fortuna no se vieron afectadas por este flagelo, por lo que se calcula que el 70 por ciento del territorio nacional se encuentra libre de sospecha de que estos elementos se encuentren enterrados en sus campos, gracias al trabajo que ha permitido la destrucción de miles de minas antipersonales, municiones sin explotar y otros artefactos bélicos que podrían causar graves afectaciones a los civiles.

Para combatir esta difícil situación que todavía se vive por desgracia en muchas regiones del país, el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonales de la Organización de Estados Americanos (OEA), brinda apoyo técnico, administrativo, logístico y económico para los territorios que así lo requieran.

Así mismo, se busca que los diferentes planes de desminado estén conformados por campañas de educación en el riesgo de estos elementos explosivos, junto con programas de rehabilitación física y psicológica de sus víctimas, con una adecuada reintegración a la vida económica, social y productiva.

Entre las comunidades que han sido impactadas por la presencia de minas antipersonales se trabaja por un mejoramiento integral de sus condiciones de vida y se adelantan talleres de promoción para evitar la producción y uso de estos artefactos, mientras se desmontan de manera segura los que son encontrados sin detonar.