Ofrecen hasta $ 100 millones por información de los alias Cedral y Ramiro. Serían los responsables de alterar el orden público en Ituango, Antioquia

Con el ofrecimiento de una recompensa de hasta $ 100 millones, la gobernación de Antioquia y las autoridades encargadas de la seguridad, buscan capturar a los hombres conocidos con los alias de Cedral y Ramiro.

Estos hombres son señalados de ser los responsables de alterar el orden público en el municipio con el asesinato de dos líderes sociales esta semana y obligar el desplazamiento de otras dos por el temor de perder sus vidas.

La decisión de la recompensa fue tomada en una reunión de seguridad y derechos humanos en la que se analizaron los últimos hechos ocurridos en esa población en la que fueron asesinados en menos de 24 horas. César Tapias, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Medio, y Ludis Jaramillo, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Capote del corregimiento La Granja.

Frente a esta situación el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata, afirmó “hemos destacado una recompensa de la Gobernación de Antioquia con los organismos de seguridad y justicia de hasta 50 millones de pesos por la ubicación y captura de alias Ramiro cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Residual de las Farc frente 18″.

De acuerdo con el funcionario en el encuentro también se determinó ofrecer hasta $ 50 millones por información que facilite la captura de alias Cedral. Este hombre sería el “principal instigador de las autodefensas Gaitanistas en el municipio, estructuritas responsables de la violencia contra miembros de Juntas de Acción Comunal y otras acciones contra la población civil”, dijo.

De otro lado el gobernador (e) de Antioquia, Juan Pablo López, confirmó que se acordó en esta reunión de seguridad y derechos humanos ofrecer esta recompensa. “No vamos a permitir que sigan sembrando terror en Ituango”, aseveró.

Otras de las decisiones que se tomaron en el encuentro son:

• Se acordó incrementar las capacidades de judicialización, persecución del delito y prevención en todo el municipio.
• Apoyo y acompañamiento en actividades de prevención, protección y atención en el municipio a líderes, defensores y firmantes de paz.

De acuerdo con las labores de inteligencia de las autoridades, las alteraciones del orden público en Ituango obedecerían a una fuerte disputa por el control territorial entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El próximo 18 de julio en el municipio de Yarumal, sesionará la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes), allí se solicitará más apoyo del Gobierno Nacional frente al flagelo del reclutamiento de los menores de edad.

Antioquia: nuevos enfrentamientos entre ELN, autodefensas y disidencias generan el desplazamiento de 150 personas en Segovia

Un trágico panorama se está viviendo en el departamento de Antioquia a raíz de los recientes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este panorama ha generado una crisis humanitaria, donde se ha reportado el desplazamiento de 150 personas en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, quienes se sienten atemorizado por esta situación.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Zapata, el 29 de junio “se produjeron confrontaciones entre los grupos armados organizados del Clan del Golfo, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, por un lado, y por el otro lado la alianza criminal entre las disidencias de las Farc y el ELN en la vereda Arenales”.

Esta acción violenta se presenta en una zona apartada de Segovia, ubicada de 4 a 5 horas de la cabecera municipal, donde, además, alrededor de 500 indígenas de la comunidad Tagual también se están viendo afectadas.

Por su parte, Óscar Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz, dio a conocer que esta situación ya había sido advertida por las autoridades de la región: “las diferentes instituciones —Fuerza Pública, Fiscalía y Procuraduría— no realizaron las acciones contempladas en la ley para que este tipo de situaciones ocurrieran”.

Esta advertencia quedó consignada en la alerta temprana 023 de 2022 de la Defensoría del Pueblo, donde el riesgo era para los habitantes de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí.