Orden de desalojo a una invasión de tierras genera bloqueos en Necoclí, Antioquia

Mientras el Gobierno nacional inauguraba los diálogos regionales en el municipio de Turbo, a unos kilómetros de ese sector se empezó a levantar una manifestación por una orden judicial que impone el desalojo inmediato de una invasión de tierras en Necoclí. Al menos 74 familias tomaron posesión del terreno, ubicado en el corregimiento de Totumo.

Esta es la quinta vez en la que se intenta tumbar las viviendas que se armaron irregularmente en el predio denominado como Bellavista, luego de las peticiones emitidas desde la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Este 19 de octubre empezaba la otra ronda, pero se abortó en el camino.

La Policía Nacional pidió cancelar el desalojo porque las unidades de la institución estaban destinadas a asegurar la visita del presidente Gustavo Petro. Un juzgado de Apartadó concedió la petición, pero los ocupantes de las tierras fueron advertidos y se abalanzaron sobre las vías para mostrar rechazo por las decisiones que tomó la justicia.

Dado que hay antecedentes de alteraciones del orden público por parte de las familias que están asentadas, el operativo debe incluir al Escuadrón Móvil Antidisturbios, rebautizado recientemente como la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, para actuar en dado caso de que los derechos de las personas sean vulnerados.

También la administración del municipio de Necoclí tiene la obligación de garantizar la reubicación de los desalojados, calificados por el juzgado como población vulnerable. De igual manera, la administración deberá facilitar el retiro, trasladado y custodia de cada uno de los bienes muebles y enseres que serán removidos del predio esta semana.

Frente a este escenario, que es inminente, el comando de la Policía de Urabá confirmó los bloqueos que se están llevando a cabo en el corregimiento de Totumo por parte de los involucrados en la decisión judicial que cayó como balde de agua fría, pues los ocupantes la han tratado de esquivar durante cuatro veces en los que va corrido de 2022.

“En este momento hay un bloqueo que se está generando, particularmente, porque había una diligencia para un desalojo, pero fue cancelada por parte del juez. Está mediando la Alcaldía municipal y estamos a la expectativa de qué situación especial acuerden las personas que se encuentran allá”, dijo el comandante Óscar Hernán Cortés Dueñas.

Por otro lado, la Alcaldía de Turbo encendió las alarmas por la participación que tendrían las organizaciones armadas en el marco de las invasiones de tierra en el municipio. De acuerdo con las denuncias que ha recibido, los ilegales estarían distribuyendo los metros cuadrados que le corresponden a cada una de las familias que llegan al terreno.

En ese sector del Urabá antioqueño se tiene el registro de cinco predios que han sido apropiados irregularmente por más de 500 familias. En la lista de propietarios aparecen la administración distrital, la Unidad para las Víctimas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con recursos judiciales y concertaciones tratan de restablecer el orden.

Aunque el fenómeno no es nuevo, las autoridades tienen claro que hay comunidades que promueven esta actividad ilegal en Turbo. Al parecer, el rostro de varios líderes locales tendría relación con las invasiones, cuyo objetivo sería acaparar los metros cuadrados de cualquier zona del pueblo, sobre todo las rurales, que muestre indicios de abandono.

La administración municipal de Turbo explicó que la intervención de los delincuentes llegaría después de la convocatoria pública para que los ciudadanos se desplacen hacia las zonas referenciadas por las organizaciones que estarían promoviendo los “derechos” de los campesinos y las víctimas del conflicto armado.

Ellos tendrían a cargo las tareas de la “planeación urbana” con el fin de controlar los escenarios de invasión y que no haya confrontaciones entre las familias. Sin embargo, no han identificado que sean los encargados de llamar a las personas que no tengan vivienda para que las armen en los predios ajenos.