Paro armado del ELN en Chocó: diez mil personas siguen en confinamiento

Se cumplen las primeras 24 horas del paro armado que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó. Si bien no se han presentado acciones terroristas contra la población civil ni mucho menos contra los integrantes de la Fuerza Pública, las personas tomaron la decisión de confinarse para esquivar las balas.

La Defensoría del Pueblo denunció que son diez mil ciudadanos los que están privados de la libertad por temor de la guerrilla. El grupo armado, encabezado por el frente occidental Omar Gómez, les advirtió a los pobladores que no podían moverse por los afluentes de la región desde las seis de la tarde del pasado 15 de diciembre hasta una fecha indefinida.

Las afectaciones se concentran en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, sectores de Chocó donde el ELN concentra su actividad delincuencial. Para ellos es importante el afluente del río San Juan, dado que les permite movilizar artefactos explosivos, minería ilegal y estupefacientes, al igual que para el Clan del Golfo.

La situación que hoy viven estas personas es crítica. El Ministerio Público advirtió que los estragos de las amenazas han golpeado la movilidad y el desarrollo de las actividades diarias, como las prácticas de la agricultura. También el transporte de víveres, alimentos y el acceso a los servicios de salud, entre otras vulneraciones que han sido alertadas.

Pero el Ejército de Liberación Nacional no sería la única fuerza ilegal que está sembrando terror. El 12 de diciembre se les atribuyó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia el homicidio de un reconocido líder en el corregimiento de Negría. Los delincuentes llegaron hasta una comunidad afro, mataron a este ciudadano, lanzaron amenazas y robaron.

Tras esta acción, se generó el desplazamiento masivo de 141 personas hacia el corregimiento de San Miguel del municipio de Medio San Juan y otros se movilizaron hacia la cabecera municipal de Istmina. En lo que va corrido de 2022, en este rincón de Colombia se ha repetido en tres oportunidades este fenómeno: enero, febrero y abril.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que las situaciones que hoy se están reportando en este departamento fueron anticipadas por las alertas tempranas que cobijan a los territorios más golpeados por las acciones violentas del ELN y Clan del Golfo, quienes están en una guerra a muerte por el control de las rutas y rentas ilegales.

“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”, dijo Camargo.

La información suministrada por esta agencia del Ministerio Público señala que la disputa entre los dos bandos se ha agudizado en los últimos dos años en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí. Ellos están peleando, más allá de la posición de los ríos y las montañas, por el tráfico de estupefacientes y la extracción de yacimientos mineros.

Ahora bien, además del confinamiento de la población, el paro armado que impuso el ELN afecta la movilidad, comercio y transporte de pasajeros desde y hacia el municipio del Litoral del San Juan, donde se incomoda a 64 comunidades, incluyendo el sector de Docordó que es la cabecera urbana de esta localidad del sur del departamento de Chocó.

“Desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la grave situación humanitaria que se registra en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle del Cauca). Es urgente la protección efectiva y la asistencia humanitaria”, concluyó el defensor del Pueblo.