Paro de mineros aterroriza a Antioquia: detalles desconocidos de la violenta protesta

Los municipios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño viven horas críticas por cuenta del paro de mineros que busca tumbar los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos. Aunque el Gobierno les declaró la guerra a las grandes estructuras, buscan presionarlo con bloqueos, amenazas al comercio y vandalismo.

El 2 de marzo arrancó la movilización y el gremio anticipó que sería de manera pacífica. Sin embargo, la protesta cambió de rumbo cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia intervinieron. Aprovechando el poder que gozan en el territorio, pusieron en marcha un plan para paralizar a los pueblos y respaldar el pedido de los manifestantes.

No fue una decisión planeada. Solo se infiltraron cuando el Ejército Nacional los golpeó: un grupo de militares adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en coordinación con la Policía Nacional, destruyó cinco dragones brasileros que los delincuentes utilizaban para sacar minerales en el río Nechí, en la jurisdicción de los municipios de Zaragoza y El Bagre.

De acuerdo con la investigación conocida por SEMANA, cada mes, la estructura sacaba 1.500 gramos de oro, equivalentes a 3.600 millones de pesos. Durante el tiempo que operó, se llenaron los bolsillos con 7.500 millones de pesos. Este procedimiento los enfureció y, según las labores de inteligencia, los impulsó a apoyar el paro de mineros.

La ruina los tomó por sorpresa porque los uniformados tenían las manos atadas desde el mes de noviembre para atacarlos. Sin embargo, en febrero el Ministerio de Defensa les dio el visto bueno para acabar con las embarcaciones de gran envergadura que estaban ubicadas sobre los afluentes de la subregión y no contaran con el licenciamiento.

La institución también les lanzó un ultimátum por medio de un comunicado de prensa: “El Ejército Nacional seguirá realizando operaciones militares conjuntas, con el fin de avanzar en la desarticulación de estructuras criminales que se financian de economías ilícitas, las cuales destruyen la fauna, la flora y las fuentes hídricas de esta región del país”.

Ante este hecho, se presume que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia empezaron a correr el rumor de que la Fuerza Pública se estaba afilando los dientes para llevarse por delante a los mineros informales y artesanales, pero esa no fue la orden. Esta incertidumbre los obligó a salir a las carreteras de Antioquia para cuestionar al Gobierno.

Los cabecillas pidieron cerrar las puertas de los establecimientos comerciales para hacer más ruido. Luego solicitaron terminar las clases y frenar la circulación del transporte público. Las calles de algunos municipios fueron desocupadas. Aunque las autoridades han dado garantías de seguridad, la palabra de los delincuentes tiene un peso importante.

Durante estas 48 horas, las agencias del Ministerio Público han hecho una lista de las vulneraciones a las que están expuestas las comunidades. Por ejemplo, violación a la libre circulación, ataques a la misión médica y desabastecimientos en los hogares por los bloqueos que se mantienen en los sitios neurálgicos del Bajo Cauca antioqueño.

El gobernador Aníbal Gaviria Correa informó que ya hay un plan para retomar el control del orden público, no solo en este sector, sino en el nordeste donde persisten los cierres viales. En esta última subregión se activarán caravanas humanitarias para llevar alimentos y otro tipo de productos que se agotaron, con el respaldo de la Fuerza Pública.

Aunque su posición es firme frente a la manifestación: “La protesta social se respeta, pero lo que tenemos aquí es una protesta contaminada por actos violentos. El cuidado del ecosistema es fundamental. Hoy las estructuras criminales esperan que permitamos la destrucción de la naturaleza y la contaminación de nuestras fuentes hídricas”.