Paro de mineros en Antioquia: radiografía de la crisis que viven 300.000 personas

Se cumplen nueve días del paro de mineros que tiene paralizadas a dos subregiones de Antioquia. De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.

Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarles el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.

La comida se está agotando y los establecimientos comerciales no tienen productos para ofrecer. Las farmacias no cuentan con suficientes medicamentos, los hospitales se quejan por la falta de pipetas de oxígeno y los colegios operan a media marcha por la alteración.

Así lo denunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, desde la ciudad de Medellín: “Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”.

Tal como lo reveló SEMANA, aseguró que la protesta nació por la destrucción de nuevas dragas utilizadas para la minería ilegal el pasado primero de marzo, operativo que contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro y que enfureció al Bajo Cauca antioqueño.

El movimiento del paro se tomó las calles el siguiente día y advirtieron que sería pacífico. Con el paso de las horas, se desdibujó la intensión. Los violentos impusieron un toque de queda, ordenaron cerrar las puertas del comercio y prohibieron la circulación de carros.

Supuestamente, detrás del caos estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes instrumentalizarían a los pequeños, medianos y grandes mineros para presionar a la fuerza pública con el fin de que suspenda las operaciones contra la extracción ilícita.

Esa petición se está tramitando en una mesa de concertación junto al Gobierno nacional. Sin embargo, el diálogo pasa por un momento delicado y la iglesia católica tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Se espera que este 10 de marzo haya ‘humo blanco’.

Sobre la conversación hay varios ultimátum. De parte de los mineros, no están dispuestos a apagar la protesta si los ministros no los escuchan y toman una decisión de fondo. Mientras que el Gobierno no retornará si persisten los bloqueos en los ejes viales.

En reemplazo de los miembros del gabinete están los viceministros de algunas entidades, pero hay un descontento generalizado a razón de que no tendrían la autoridad para comprometerse a cumplir cada una de las peticiones que los tienen en las vías.

El vocero de los manifestantes, Saúl Bedoya, reconoció que los representantes “han venido dilatando el proceso” durante las extensas jornadas de diálogo. El malestar es que no tienen “el completo poder de decisión a favor de las respuestas que necesitamos”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Prado, les lanzó otra advertencia: “Les comunico a los protestantes que bajo ninguna circunstancia seguiremos dialogando en la medida en que en el territorio no haya libertad de locomoción, atención humanitaria a la población”.

Es decir, mientras persistan los bloqueos en el Bajo Cauca y el nordeste, “la posibilidad de que regresemos a la mesa de diálogo es nula”. El problema es que el comité que está hablando con el Gobierno no sabe quiénes están detrás de las acciones de violencia.

Saúl Bedoya agregó que la manifestación que lidera no está fragmentada, sino que hay varias protestas con intereses diferentes y no tiene nombres propios para asumirles esa responsabilidad. “Lo que para uno es un sacrificio, para ellos es una fiesta”, advirtió.

Él le pidió a las autoridades que avancen en las investigaciones para que puedan identificar al resto de protestantes que están imponiendo el terror en las dos subregiones.