Paro minero cumple 23 días en el Bajo Cauca, sin mayores avances; las empresas de transporte están en riesgo

Se cumplen tres semanas del paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño sin mayores avances en la negociación con el Gobierno nacional. Mientras se tramitan las diferencias, algunos sectores de la economía siguen sumando millonarias pérdidas por los estragos que protagonizaron los violentos y las amenazas que sigue emitiendo el Clan del Golfo.

Las compañías que ofrecen el servicio de transporte público desde Medellín hacia esa subregión se han visto afectadas desde el primer día en el que se bloqueó la troncal de occidente. Con base en los cálculos de la Unión de Transportadores, el saldo negativo ya supera los cinco mil millones de pesos y no han encontrado alivios en el camino.

Los directivos se han visto en la obligación de suspender hasta 60 viajes diarios, debido a las complicaciones que ha traído la movilización. Por un lado, está el comportamiento del orden público y, por el otro, la falta de dinero de los habitantes para hacer los desplazamientos. De momento, tres organizaciones ya iniciaron con los despidos.

“Tenemos en riesgo a 300 empleados directos y más de 1.800 indirectos que significa una afectación cercana de 8.400 personas en total con sus grupos familiares y que dependen, única y exclusivamente, de los ingresos por la operación de las empresas afectadas”, indicó Samir Echeverri, vocero de la Unión de Transportadores de Antioquia (Ultrans).

En efecto, se le pidió al Ministerio de Transporte que haga presencia en el departamento y, junto a los gremios, encuentren la fórmula para aliviar el bolsillo de toda la cadena de servicio. En sólo 14 días de la manifestación en el Bajo Cauca se dejaron de movilizar desde Medellín a más de 28.000 personas, sin tener en cuenta el origen de los pueblos.

El gremio de transportadores reconoce que todavía hay miedo y zozobra en la comunidad por los incidentes que pueden vivir durante los recorridos terrestres. Precisamente, “el temor de viajar en transporte público hace que nuestro servicio se afecte cada día más”. Aunque la fuerza pública activó caravanas para acompañar los trayectos de manera segura.

El paso sobre la troncal de occidente está controlado para evitar alteraciones del orden público en el nordeste y Bajo Cauca. En varios sectores hace presencia el Clan del Golfo y, cada vez que tiene la oportunidad, frena a los automotores que van sin el acompañamiento de la Policía y el Ejército para incinerarlos, por eso la prevención de las autoridades.

Sobre la mesa hay otras crisis. El Gobierno advirtió que algunas poblaciones están en condiciones precarias a raíz de los efectos que ha traído la movilización. Si bien ya hay alimentos y medicamentos, las personas no tienen dinero para comprarlos. La normalidad laboral no se ha reactivado por completo a raíz de las intimidaciones de los ilegales.

Aunque hay disposición de diálogo del Gobierno nacional y la mesa de mineros, hay líneas rojas que no están dispuestos a cruzar. Por un lado, el Estado no respalda la propuesta de suspender el control a la minería y los protestantes no levantarán el movimiento hasta que la fuerza pública frene la destrucción de maquinaria amarilla.

Hay dos planes. El Ministerio del Interior ofreció un subsidio para los mineros más vulnerables hasta que logren la formalización de sus actividades. Según los trámites, esto podría demorarse 45 días. Sin embargo, los líderes de la manifestación no acogieron la iniciativa, porque no necesitan “limosnas”, sino soluciones estructurales a su problema.

Una de ellas es parar las tareas de la fuerza pública en el sector y volverlas a iniciar cuando cada uno tenga en su mano el permiso para arrancar oro en el Bajo Cauca, nordeste y sur de Córdoba. Este objetivo no tiene salida. Las autoridades no están dispuestas a someter las actividades estatales para levantar el paro y acabar con la crisis social que desató.