Paro minero en Antioquia: ya van más de 53 personas judicializadas, también hay menores de edad

Durante las últimas semanas, el Bajo Cauca antioqueño se encuentra en medio de una crisis tras el inicio del paro minero, el cual ha traído como consecuencia el confinamiento de los ciudadanos, secuestros de funcionarios y desabastecimiento de alimentos o servicios básicos, como el gas.

Ante esta situación, la Seccional de la Fiscalía en Antioquia, aseguró que debido a las acciones con las diferentes entidades, como la Policía Judicial y la Policía Nacional, han capturado a decenas de personas, quienes han sido llevadas a audiencias frente un juez de control de garantías. Allí les han formulado diferentes cargos; entre los que se encuentran daño a bien ajeno u obstrucción de vías.

Hasta ahora no han sido solicitadas órdenes de capturas, solo se han registrado personas capturadas que, hasta la fecha, ya han definido su situación jurídica ante un juez de control de garantías. De acuerdo con la Fiscalía, van más de 53 personas retenidas.

Por el momento, no han establecido si alguno de los capturados pertenece a algún grupo al margen de la ley, según Daniel Parada, director de la Seccional Fiscalía Antioquia, los ahora judicializados están siendo investigado, aunque al parecer habría menores de edad involucrados.

Asimismo, también habló de la actual situación del municipio de Tarazá, donde las oficinas de la Fiscalía fueron cerradas, debido al secuestro de varios funcionarios.

“El hecho de que no esté físicamente, no quiere decir que la Fiscalía no cumpla con su funcionalidad, para este momento se han destacado algunos fiscales de apoyo, para esos despachos donde los fiscales estaban incapacitados. Una buena noticia para la ciudadanía es que los dos fiscales que se encontraban secuestrados ayer se reintegraron a sus actividades laborales”, explicó el funcionario.

El cierre de la Fiscalía en Tarazá

Tras el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, el fiscal General Francisco Barbosa, advirtió que cerrarán la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad.

Dijo el fiscal que luego del secuestro, los funcionarios fueron trasladados por diferentes puntos de ese municipio e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se hiciera ningún procedimiento, de ahí que citarán a diligencia de declaración a las autoridades, para que expliquen qué operativos o procedimientos adelantaron en procura de rescatar a los funcionarios.

Barbosa aseguró que uno de los secuestradores de los funcionarios judiciales, sería alias Gonzalito, el máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura y extradición de alias Otoniel. Esa persona, alias Gonzalito, estaba en el listado que entregó el gobierno nacional para suspender las órdenes de captura, lo que motivó un choque de trenes entre el ejecutivo y el ente acusador.

La situación se agrava en el Bajo Cauca Antioqueño

El presidente Gustavo Petro informó el pasado domingo, 19 de marzo, que se suspendía el cese bilateral con el Clan del Golfo, y pidió a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra ese grupo armado ilegal.

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, dijo el jefe de estado en Twitter.

Durante el domingo se reportó la quema de varios camiones y buses en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño.

Información preliminar señala que estos hechos ocurrieron en la troncal entre Valdivia y Tarazá, en los kilómetros tres, siete y quince.

Los dos buses quemados pertenecen a la empresa Coonorte, mientras que el número de camiones incinerados serían cuatro.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó a través de su cuenta en Twitter estos hechos.

“Hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca. REPUDIO TOTAL a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ILEGALES”, dijo puntualmente el gobernador en la citada red social.

Por el momento se desconoce quiénes serían los responsables de haber incinerado estos carros.