Patrullero exigió a dos hermanos cuantiosa suma para devolverles moto robada en Medellín

Santiago Álvarez Osorio, patrullero de la Policía Nacional, fue enviado a prisión luego de que se presentaran pruebas en su contra por el presunto delito de concusión, delito en el cual un funcionario público le exige dinero a un particular.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de febrero de este año en las instalaciones de la Estación de Policía del barrio Belén Altavista, en Medellín.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, Álvarez Osorio habría exigido la suma de $ 3.300.000 a una pareja de hermanos a cambio de devolverles una motocicleta que había sido robada en el occidente de Medellín un día antes.

El uniformado habría argumentado que los supuestos ladrones habrían utilizado la motocicleta en la comisión de otro delito y que el dinero solicitado sería utilizado para indemnizar a la víctima de ese acto. Sin embargo, las pruebas presentadas por el fiscal encargado del caso llevaron a la imputación de cargos y a la posterior medida de aseguramiento en un centro carcelario contra el patrullero.

La captura de Santiago Álvarez Osorio fue realizada por miembros de la Sijín de la Policía, quienes llevaron al procesado ante las autoridades judiciales correspondientes. En la audiencia, el patrullero no se allanó a los cargos imputados en su contra, por lo que continuará el proceso judicial para determinar su responsabilidad en el delito de concusión.

Expatrullero suministraba información al Clan del Golfo

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra William Moreno Terán, expatrullero de la Estación de Policía de Chigorodó, Antioquia, por presuntamente haber establecido un acuerdo con el Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez.

Según las acusaciones, mientras Moreno Terán se desempeñaba en su cargo entre octubre de 2019 y agosto de 2021, habría proporcionado información sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona y los resultados de actividades delictivas perpetradas por el grupo ilegal a cambio de compensación económica.

Basándose en las pruebas recopiladas, el Ministerio Público concluyó que Moreno Terán, mientras era miembro de la Policía Nacional en Chigorodó, un municipio de la subregión de Urabá, aparentemente cometió una falta gravísima con dolo al colaborar con el grupo ilegal. Esto habría permitido que el Clan del Golfo llevara a cabo sus actividades delictivas sin ser perseguidos o capturados por las fuerzas de seguridad.

Esta decisión se enmarca en las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General a raíz del testimonio presentado por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su testimonio, Úsuga David afirmó la presunta colaboración y apoyo de funcionarios públicos, especialmente de la Fuerza Pública, hacia el grupo armado organizado.

Patrulleros señalados de abuso sexual

En otra acción de la Procuraduría General, la entidad sancionó a dos patrulleros de la Policía Nacional por conductas de acceso carnal violento sobre una menor de edad en Yopal, Casanare. La destitución e inhabilidad de 17 y 18 años impuestas a los patrulleros Wilfredo Valencia Pérez y Hyalmar Juver Balaguera Siabato, respectivamente, demuestran la gravedad de los hechos y el compromiso del Ministerio Público en la defensa de los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público confirmó que los sancionados se encontraron con la víctima y un ciudadano en un terreno despoblado del barrio Villa Nariño de esa ciudad, lugar en el que la obligaron a múltiples vejaciones.

La Procuraduría, en fallo de primera instancia, concluyó que los uniformados Valencia Pérez y Balaguera Siabato exigieron al acompañante de la menor la suma de $ 500.000 a cambio de evitar reportarlo a la Policía de Infancia y Adolescencia, por haberlo encontrado a solas con ella.

La Procuraduría delegada de Juzgamiento 2, al calificar las conductas violatorias a la integridad de la menor y el cobro ilegal al ciudadano por parte de los patrulleros como faltas disciplinarias gravísimas, atribuidas en forma definitiva a título de dolo, reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia sexual y la corrupción en Colombia.