Persecución en las calles de Medellín para recuperar una moto robada

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá protagonizó una persecución en las calles de Medellín para rescatar una motocicleta que había sido reportada como robada. En medio del procedimiento, se capturaron dos hombres.

La operación inició cuando los visualizadores de las cámaras de seguridad emitieron una alerta al paso de la moto en el barrio La Iguaná. De inmediato, las patrullas fueron advertidas sobre el hallazgo.

Tras la presión de los uniformados, se logró interceptar a sus dos ocupantes sobre la calle 58C con carrera 66. Al momento de registrarlos, se les halló un revólver calibre 22, cuatro celulares y 420 gramos de marihuana en cigarrillos.

El capitán Manuel Tovar, vocero de la institución, informó que las investigaciones pondrían en evidencia que, presuntamente, la motocicleta habría sido utilizada para cometer varios delitos en la subregión.

“Estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, porte y tráfico de arma de fuego y estupefacientes, por el delito de receptación y por daños ocasionados a la motocicleta policial”, reportó el oficial.

Los detenidos tienen 20 y 27 años, quienes están a la espera del proceso judicial.

Destapan supuesta olla de corrupción en Bello, Antioquia, que salpicaría al exalcalde Óscar Pérez

La Procuraduría General de la Nación entregó detalles de una investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la ejecución de un millonario contrato en la Alcaldía de Bello, Antioquia, que enreda la gestión del exalcalde Óscar Pérez, condenado por corrupción.

El proceso se remonta al mes de abril de 2020, cuando la administración solicitó el abastecimiento de alcohol, bolsas de residuos, camillas, detergentes, gel, jabón y otros artículos para mitigar los riesgos de contagio del coronavirus.

Al parecer, estos materiales fueron distribuidos entre funcionarios de la Alcaldía, la Policía, el Ejército, los Bomberos y la Defensa Civil, cuya inversión superó los 1.900 millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría sospecha de supuestos sobrecostos en los artículos.

Posiblemente, el entonces mandatario local habría participado en la actividad precontractual del negocio, donde se habrían determinado los precios unitarios por encima del estimado en el mercado.

Así lo determinó, parcialmente, un informe técnico que sostendría un detrimento patrimonial que superaría los 230 millones de pesos. Frente a este escenario, le profirió cargos a Óscar Pérez para que responda por los presuntos sobrecostos en la contratación.

También fue vinculado al proceso el asesor de la oficina de Gestión del Riesgo de Bello, Wber Zapata, porque habría aceptado la propuesta con esos valores y no reportó, en calidad de supervisor de la iniciativa, las posibles alteraciones en los precios de los productos.

“El ente de control calificó, provisionalmente, la falta de los servidores como gravísima, a título de culpa gravísima”, se lee en un comunicado del ente de control disciplinario. De momento, el exmandatario no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo.

Recientemente, el Tribunal Superior de Medellín condenó a diez años de prisión al exalcalde del municipio de Bello, Antioquia, por irregularidades en un proyecto de 180 millones de pesos que ejecutó en 2010. El funcionario abandonó el cargo 24 horas antes de conocerse esta decisión.

Óscar Andrés Pérez Muñoz deberá estar privado de la libertad durante 120 meses por cometer el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, en ese tiempo no podrá ejercer cargos públicos y deberá pagar una sanción económica.

Esta misma determinación cobijó a Hans de Jesús Wagner Jaramillo y a Harold de Jesús Hincapié Rivera. En efecto, los magistrados ordenaron la captura y podrán refutar la sentencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En medio de las investigaciones que se remontan a un contrato de 2010, el Tribunal Superior de Medellín aseguró que el entonces alcalde “incumplió [con los] principios de orden constitucional en detrimento del bien jurídico de la administración pública”.