Polémica en Antioquia: hermano de candidato a la Gobernación recibió cinco contratos; el beneficiado tiene 20 años

La Secretaría de Salud del municipio de La Estrella (Antioquia) está en el ojo del huracán por encargarle investigaciones epidemiológicas a un estudiante de segundo semestre del pregrado de biología, quien es hermano de un candidato a la Gobernación.

Las dudas sobre la legalidad del trámite que se adelantó en la administración fueron expuestas por la Procuraduría General de la Nación al abrir una investigación disciplinaria contra el ordenador del gasto de esa entidad, Hernán Santiago Álvarez Londoño.

Se suscribieron cinco contratos de prestación de servicios por un valor aproximado de 41 millones de pesos con el objetivo de adelantar los estudios técnicos en un plazo máximo de 16 meses por parte del joven Nicolás Restrepo, hermano de Esteban Restrepo.

Este último tiene el propósito de aparecer en el tarjetón de las elecciones de octubre de 2023 para tomar las riendas de la Gobernación de Antioquia con el respaldo del partido político Independientes, agrupación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Ahora bien, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá está averiguando si estas contrataciones cumplen con los requisitos de la ley “para llevar a cabo las actividades contractuales estipuladas por la Secretaría” de Salud de La Estrella.

Se sospecha que el contratista no acredita la debida idoneidad por su falta de experiencia laboral para cumplir las labores asignadas, “puesto que, actualmente, se encontraría en segundo semestre de biología y es hermano de un precandidato a la Gobernación”.

El Ministerio Público está armando el ‘rompecabezas’ de la polémica y trata de identificar si otros funcionarios participaron en la suscripción de los contratos para “reconocer las circunstancias de los hechos y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria”.

Una vez estalló el escándalo, Restrepo respondió que su hermano asumió el cargo de auxiliar administrativo con el fin de costear su pregrado: “(…) Parece muy extraño que mi hermanito Nicolás de 20 años le toque trabajar para poder pagar sus estudios. ¡Canallas!”.

Procuraduría investiga a concejales de Medellín por presunta pérdida de $ 1 billón de EPM

Luego de conocerse la denuncia de Esteban Restrepo, precandidato a la Gobernación de Antioquia, que radicó, hace pocos días, ante la Contraloría y la Procuraduría por presunto detrimento patrimonial o pérdida de recursos públicos por más de 1 billón de pesos contra 11 concejales de Medellín, ahora la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del Concejo Municipal de Medellín, por presuntas irregularidades en la aprobación de los proyectos presentados ante la corporación con el propósito de iniciar la venta de las acciones de UNE pertenecientes a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Según Restrepo, se trata de Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández, Julio González y Simón Molina, contra quienes se busca iniciar un proceso fiscal y disciplinario con el fin determinar si incurrieron en alguna falta al negar los proyectos presentados al Concejo de Medellín con los que se buscaba iniciar la venta de las acciones de UNE pertenecientes a EPM.

Los concejales en mención, presuntamente, en más de cuatro oportunidades han negado la solicitud de vender las acciones de UNE y lo hicieron a pesar de que la junta directiva de EPM en mayo de 2021 autorizó iniciar con el proceso de enajenación, pero los cabildantes también omitiendo recomendaciones de expertos como las firmas internacionales McKinsey y Oliver Wyman que desde el 2017, durante la administración de Federico Gutiérrez, sugirieron “salir inteligentemente” del negocio.

“Quienes hoy denuncio actuaron de manera dolosa porque durante los debates de los proyectos en el Concejo, reconocían que era necesario vender por la mala situación financiera de UNE, pero que ellos no iban a aprobar algo a la actual administración. Así pusieron en riesgo los recursos públicos de más de $ 6 millones de antioqueños”, aseguró Restrepo, quien emprendió la acción ciudadana ante los entes de control.