Polémica: exmilitares de la Cuarta Brigada son investigados por hurto millonario en Medellín

La Fiscalía les imputó cargos a nueve oficiales retirados del Ejército Nacional en medio de un proceso judicial que los vincula, presuntamente, con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Es decir, el ente de acusación los señaló de tomar una millonaria cantidad de dinero que le pertenece al Estado en medio de procesos de contratación. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2010 y diciembre de 2014.

Las tareas de investigación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que contó con el apoyo de grupo contrainteligencia del Ejército, dan cuenta que los uniformados habrían recibido más de mil millones de pesos como contraprestación por el pago una serie de servicios en los municipios donde opera la Cuarta Brigada.

Las prestaciones fueron de escoltas, certificados de idoneidad, bodegaje y alquiler de helipuertos para el cargue y descargue de explosivos provenientes de empresas mineras, del sector energético y de obras públicas.

“Pero, al parecer, no los consignaron en la cuenta del Fondo Interno de las Fuerzas Militares, lo que habría generado el millonario detrimento patrimonial”, alegó la Fiscalía en medio de las audiencias en que aparecen los altos mandos que operaron en esta unidad adscrita a la Séptima División del Ejército.

En la lista de imputados figuran los coroneles retirados Luis Fernando Camargo Chaparro, Juan Carlos Bustamante Rodríguez y Jaime Arturo Remolina Fontalvo. También los extenientes coroneles Ilvar Orlando González Villamil, Ricardo Patiño Castañeda y Henry Benicio Rodríguez Mesa.

Estos últimos, según el expediente que conoció SEMANA, se desempeñaron hace ocho años como jefes del estado mayor conjunto y oficiales de la Cuarta Brigada que tiene su sede central en la capital de Antioquia.

De igual manera, el proceso judicial salpicó a los mayores en retiro Óscar Giraldo Garcés, Fabián Borja Pérez y Javier Antonio Arango Moya, quienes ostentaron el cargo de segundo comandante del batallón Pedro Nel Ospina, localizado en el municipio de Bello, en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, ninguno de los nueve procesados aceptó los cargos, por lo que tendrán que enfrentar al ente de acusación y al Ejército en medio de las audiencias en las que presentarán los argumentos para justificar su inocencia.

En paralelo a esta noticia judicial, se conoció que un juez envió a la cárcel a un especialista en tecnología de 30 años que habría utilizado sus conocimientos para hacer uso indiscriminado de los seguros que adquirió con una compañía en la capital de Antioquia y Bucaramanga.

Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando el hombre costeó una serie de pólizas a nombre suyo y de su familia. Misteriosamente, la empresa empezó a desembolsarle grandes cantidades de dinero.

Las tareas de inteligencia de la Policía Judicial evidenciaron que el procesado, al parecer, aprovechó sus destrezas en el manejo de sistemas informáticos para ingresar en 109 oportunidades a la plataforma de siniestros de la empresa aseguradora y alterar 52 datos.

En desarrollo de estas acciones ilícitas, el hombre habría digitado información que declaraba a los beneficiarios como muertos o víctimas de accidentes que nunca existieron, así lo confirmó la directora del ente acusador en Medellín, Natalia Andrea Rendón.

“Estos eventos le habrían posibilitado al supuesto responsable realizar reclamaciones por hechos que nunca sucedieron y defraudar en más 490 millones de pesos a la compañía de seguros por el cobro de pólizas por muerte y hospitalización”, afirmó la funcionaria.

A partir de la evidencia recolectada, al hombre lo procesaron por cometer presuntamente los delitos de estafa agravada continuada y acceso abusivo a un sistema informático agravado en dos departamentos del país, como quedó registrado en los radares de la Fiscalía y la compañía.

En consecuencia, el procesado fue capturado por la Policía Nacional en la capital santandereana. Tras la lectura de las faltas que habría protagonizado, optó por no aceptar los cargos imputados.