Preocupación en Antioquia: 45 hospitales públicos cerrarían servicios por millonarias deudas

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) advirtió que, producto de las millonarias de deudas que las EPS y el Gobierno nacional tienen con los hospitales públicos del departamento, habría un riesgo inminente de cierre de servicios en 45 establecimientos. Al menos cinco millones de personas resultarían afectadas.

Las cuentas pendientes suman más de un billón de pesos: $530 mil millones (régimen subsidiado) y $262 mil millones (régimen contributivo). La más ‘morosa’ es Savia Salud, con un saldo de $265 mil millones y, más abajo, Nueva EPS con $78 mil millones. Aunque siguen activas las ‘culebras’ de Coomeva, Salucoop y Cafesalud por $250 mil millones.

El Gobierno nacional debe $90 mil millones producto de la atención a accidentes de tránsito y a la población vulnerable. Además, las calculadoras suman -en algunos centros médicos de Antioquia- entre $300 y $700 millones más por la aplicación de la vacuna contra covid-19. Este panorama tendría ‘rota’ la cartera en algunos municipios de la región.

Así se lo hizo saber el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, Luis Hernán Sánchez Montoya, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En una carta, le anticipó que podría desencadenarse una crisis hospitalaria en la red pública y no habría una fórmula cercana para curar la ‘enfermedad económica’.

Uno de los ‘males’ que le enumeró, además de las deudas por los servicios, es que el Ministerio de Hacienda no ha oficiado el pago de los pasivos pensiónales de los funcionarios, lo que ha obligado a las entidades a asumir, por sus propios medios, el costo de los bonos, causando un peligro en la estabilidad financiera de los centros médicos.

Él le reprochó al ministro que, contrario a las manifestaciones públicas donde informó sobre la suficiencia de recursos en el sistema de salud del país, la red pública estaría experimentando una disminución en el flujo de dinero por parte de las diferentes aseguradoras, “colocando en riesgo la prestación de los servicios de salud”.

Los incumplimientos en el reconocimiento y pago por la aplicación de las vacunas contra el coronavirus tienen un capítulo aparte: “A pesar de que la red pública hospitalaria asumió los costos y toda la carga reputacional en este proceso, a la fecha, el Gobierno nacional ha incumplido con el cronograma previsto y mantiene un silencio preocupante frente al tema”.

Finalmente, se le criticó al ministro de Salud que se continúa con la práctica de liquidar las EPS, dejando las deudas en las entidades sin garantías. Solamente las que han salido del sistema, tienen moras por más de 250 mil millones de pesos. Sánchez Montoya dijo que la intervención de la Superintendencia se usa como pretexto para soltar las deudas.

“La liquidación de estas EPS no puede ser una excusa para el no pago y eludir las responsabilidades que tiene el Estado por haberles permitido su operación sin un respaldo financiero para cumplir todas sus obligaciones. Exigimos respuesta inmediata y acciones concretas para resolver los problemas”, mencionó el representante de la Aesa.

La comunicación que le envió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la cerró diciéndole que el compromiso que asumió el Gobierno ante la sociedad colombiana fue el respeto por los derechos fundamentales y, para esto, tendría que fortalecer de manera inmediata la red médica que hoy estaría amenazada por la falta de dinero para operar.