Preocupante: estafas suman más de 25.000 víctimas en los últimos 4 años en Medellín

La Personería de Medellín alertó sobre el impacto que han generado las estafas en la comunidad. Cerca de 25.115 personas han sido víctimas de este delito en los últimos 4 años, presentando un aumento los años 2022 con 8.190 casos, 2021 con 7.356 denuncias, 2020 con 5.613 víctimas y 2019 con 3.956 reportes.

De acuerdo con esta entidad, las modalidades que se han empleado para engañar a las víctimas son: acuerdo comercial con 2.558 casos, oferta laboral con 1.317 casos, compra con 5.080 denuncias, préstamo de dinero con 1.256 casos, simulación de perfiles por redes sociales con 2.602 casos, ventas con 1.248 víctimas, entre otros.

Sumado a la cifra de Medellín, el Área Metropolitana presenta 36.592 casos los últimos cuatro años, de los cuales los municipios más afectados son Itagüí con 2.470, Envigado con 2.350 y Sabaneta con 1.184 casos, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esta situación, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, este flagelo aumentó en la pandemia, específicamente por medio de las redes sociales y canales electrónicos.

“Los métodos que utilizan las personas para afectar el patrimonio de estas personas víctimas de estafa, son las ventas, la oferta de bienes y servicios, la compra de algún tipo de elemento. Además, encontramos una influencia muy importante de los medios electrónicos, como las redes sociales, en los cuales los ciudadanos quedan como víctimas del actuar de estos delincuentes y que han afectado gravemente el patrimonio de más de 30 mil personas”, sostuvo Vivas.

Una de las conclusiones sobre las causas de este delito está relacionada con la capacidad de gasto o inversión que tienen los habitantes de las zonas.

Denuncian millonaria estafa inmobiliaria en Medellín

Las autoridades judiciales están investigando 31 denuncias que advierten sobre una supuesta millonaria estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín. Las víctimas habrían pagado apartamentos que nunca fueron entregados. De acuerdo con estudios preliminares, las afectaciones superarían los 122 mil millones de pesos.

El modus operandi utilizado por los vendedores está enmarcado en una práctica criminal que se ha advertido desde hace varios años en esta región del país. Los documentos que están en la Fiscalía General de la Nación reseñan que los delincuentes comercializan inmuebles sin ser los propietarios de los terrenos.

También ponen a la venta casas y locales comerciales que ya tienen un dueño. Es decir, más de una persona aparece a reclamar una misma escritura. Al menos 750 personas se mostraron como afectadas en los últimos siete años, según las estadísticas que se presentaron recientemente en el Concejo distrital.

Aunque buena parte de las quejas son públicas, el ente de acusación detalló que, durante 2022, en los despachos de la capital de Antioquia se están tramitando diez denuncias penales por este tipo de estafas. Sin embargo, los investigadores cargan con otros 21 casos por esclarecer que se acumularon durante 2020 y 2021.

De igual manera, es motivo de preocupación para las autoridades que los oferentes no cuentan con los documentos requeridos para edificar y ponerles precio a las residencias en el Valle de Aburrá. Por ejemplo, hay obras que no poseen la licencia de construcción, permisos de enajenación, estudios previos y escrituras públicas.

Los corporados de Medellín le pusieron la lupa a esta situación e invitaron a los organismos de control a prestarle atención a este fenómeno que, con base en la información recolectada, estaría creciendo sin freno en este período por la falta de información que tendrían los clientes a la hora de adquirir las propiedades.

“Estamos frente a una estafa inmobiliaria sin precedentes en la ciudad. Conocemos relatos de muchas personas que han sufrido esta calamidad. Hoy en día no tienen el anhelado sueño de una vivienda propia, solo tienen deudas y tristezas, depresión y angustia”, expresó el concejal del Centro Democrático, Carlos Andrés Ríos.

En la sesión se concluyó la necesidad de resarcir económicamente a las familias que están afectadas. Por ejemplo, en uno de los procesos legales que se le está aplicando a una inmobiliaria se han alcanzado a recuperar más de 100 mil millones de pesos. Pero el dinero no alcanza para todo aquel que se declaró víctima.