Presidente Gustavo Petro viaja al Bajo Cauca tras 19 días de crisis por el paro minero

El presidente Gustavo Petro llegará al municipio de Caucasia, Antioquia, este lunes festivo para adelantar un consejo de seguridad extraordinario, tras los actos violentos que protagonizó el Clan del Golfo en la subregión y evaluar su decisión de acabar con el cese al fuego de hostilidades que pactó el año pasado con el grupo que comandó alias Otoniel.

Hace 19 días está activo el paro de mineros en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, con el que pretenden tumbar los operativos que adelanta la fuerza pública contra la extracción ilícita de yacimientos hasta que los trabajadores cuenten con la licencia ambiental para operar. El Gobierno nacional da cuenta de una crisis social en varios municipios.

En primer lugar, se advirtió que algunas poblaciones están en condiciones precarias a raíz de los efectos que ha traído la movilización. Si bien ya hay alimentos y medicamentos, las personas no tienen dinero para comprarlos. La normalidad laboral no se ha reactivado por completo a raíz de las intimidaciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Las afectaciones se concentran en Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Zaragoza y El Bagre. También comunidades del sur de Córdoba están sometidas a las órdenes de los violentos. Todavía están cerradas las puertas de los colegios públicos y privados, tampoco las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han podido reiniciar sus tareas.

Aunque hay disposición de diálogo por parte del Gobierno nacional y la mesa de mineros, hay líneas rojas que no están dispuestos a cruzar. Por un lado, el Estado no respalda la propuesta de suspender el control a la minería y los protestantes no levantarán el movimiento hasta que la fuerza pública frene la destrucción de maquinaria amarilla.

Hay dos planes. El Ministerio del Interior ofreció un subsidio para los mineros más vulnerables hasta que logren la formalización de sus actividades. Según los trámites, esto podría demorarse 45 días. Sin embargo, los líderes de la manifestación no acogieron la iniciativa porque no necesitan “limosnas”, sino soluciones estructurales a su problema.

Una de ellas es parar las tareas de la fuerza pública en el sector y volverlas a iniciar cuando cada uno tenga en su mano el permiso para arrancar oro en el Bajo Cauca, nordeste y sur de Córdoba. Este objetivo no tiene salida. Las autoridades no están dispuestas a someter las actividades estatales para levantar el paro y acabar con la crisis social que desató.

Así lo anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, luego de que se tomara la decisión de acabar con el cese al fuego de hostilidades que pactó el presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo: “Reiteramos el deber constitucional y legal, irrenunciable del Gobierno, de controlar las operaciones mineras en el país y de todo tipo de minería”.

El director general de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, dijo que son dos las estructuras que están detrás del caos que hoy viven las poblaciones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño, pero también en el sur de Córdoba. Al menos 300 mil personas se han visto afectadas con el terror que ha impuesto el Clan del Golfo.

Se trata de la unidad de Jorge Iván Arboleda Garcés que tiene como único líder a alias Marcos y el grupo Uldar Cardona Rueda, bajo el mando de José Miguel Demoya Hernández, conocido con el alias de Chirimoya. Ambos se mueven entre los municipios de Remedio, Zaragoza, Caucasia, Nechí, El Bagre, Ayapel, Montelíbano y Planeta Rica.

Ante estos señalamientos, en un supuesto comunicado firmado por la organización ilegal se desestimó la información expuesta por el Ministerio de Defensa. Sus integrantes dieron cuenta que el ELN sería el grupo que está ordenando la afectación al orden público, utilizado su nombre para afectar el proceso de paz que adelanta con el Gobierno nacional.

Pero los datos de inteligencia son precisos: “Existe suficiente evidencia para afirmar que el Clan del Golfo es el autor directo de la violencia desatada hoy en Tarazá y que es el responsable del hambre que sufre la población del Bajo Cauca, a la que además ha sometido a presiones y amenazas. No tenemos ninguna duda”, agregó el Ministerio.