Procuraduría abre indagación a exsecretario de Daniel Quintero

Un nuevo escándalo hizo estruendo dentro de la Alcaldía de Medellín por cuenta de una serie de información que la administración distrital deberá entregarle a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá sobre los manejos que se le dieron a la Secretaría de Participación Ciudadana y de Inclusión Social.

En particular, los requerimientos involucran a Juan Pablo Ramírez, quien estuvo al frente de esa dependencia por orden de Daniel Quintero y se alejó del cargo para hacerle campaña a Gustavo Petro, en medio de duros cuestionamientos por la gestión que desarrolló hasta marzo en la capital de Antioquia.

El órgano de control disciplinario le pidió a la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de Medellín, la copia de los actos de nombramiento y posesión de Ramírez como jefe de la cartera que maneja buena parte de los programas sociales que les ofrece la administración a las poblaciones vulnerables.

En ese apartado también se deberán anexar todos los documentos requeridos para que él tomara posesión en enero de 2020, acompañado de la hoja de vida e información del contacto personal.

Por otro lado, la Procuraduría pidió información sobre algunos contratos que el exsecretario celebró cuando estaba en el cargo y, por quejas de la ciudadanía donde advierten sobre presuntas irregularidades, motivaron el estudio de la entidad sobre los pasos que dio Ramírez en la Alcaldía.

Así las cosas, la Secretaría deberá enviar una copia de los contratos, convenios y acta de liquidación de los acuerdos suscritos con Cyan Eventos y Logística desde 2020. Lo mismo ocurrirá con los documentos que le dieron legalidad a los compromisos que el distrito asumió con Asercomunitaria en el mismo año.

Las quejas que vinculan a Juan Pablo Ramírez

De momento, no se conoce cuál es la motivación que impulsó a la Procuraduría a realizar la indagación previa que, si llegan a recopilar las pruebas sólidas, podría oficializar la apertura de una investigación.

Sin embargo, los veedores ciudadanos de Medellín argumentaron que ellos plantearon ante el ente de control disciplinario unas supuestas dudas que nacieron a raíz del trabajo que llevó a cabo el exfuncionario de Daniel Quintero, hoy suspendido del cargo por presunta participación en política.

Según una denuncia que se interpuso ante la Fiscalía General de la Nación, Juan Pablo Ramírez se habría aprovechado de su puesto en la Secretaría para promover los intereses políticos de Quintero.

Una exempleada de la administración alertó a los organismos judiciales sobre una supuesta corrupción que se habría dado durante el período en el que ella estuvo activa en la dependencia de Participación Ciudadana y de Inclusión Social.

Al parecer, habría sido el propio Ramírez quien les habría pedido a un grupo de contratistas públicos dinero para promover las aspiraciones presidenciales que carga Quintero a través de una fundación denominada El futuro se parece a nosotros.

Las acusaciones estarían sostenidas en audios y fotografías que motivaron a la Fiscalía a escarbar el tema desde la Unidad Anticorrupción de Medellín que, de momento, no muestra resultados.

La mujer que presentó las quejas advirtió que no tuvo más remedio que renunciar al trabajo por las afectaciones que tuvo a razón de no ceder a las pretensiones que se habría ordenado para llenar los bolsillos de una supuesta campaña.

Una vez estallaron las denuncias en los medios de comunicación, el entonces secretario justificó las afirmaciones como ataques, “chismes de pasillo y anuncios de investigaciones sin fundamentos reales”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Por otro lado, la semana pasada el diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez, presentó pruebas ante la Procuraduría por un supuesto entramado de corrupción que se estaría dando con las contrataciones de comunicaciones.