Procuraduría formula cargos a policía por muerte de un joven en Antioquia

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre un cuestionado operativo que realizó la Policía Nacional en Antioquia y que dejó a una persona muerta. En el más reciente episodio del proceso, le formuló cargos al patrullero que dio de baja a la víctima.

El episodio se remonta al 22 de enero de 2020, cuando Mario Alberto Gallego Cano estaba accionando un arma traumática contra unas botellas en la zona rural de Pueblorrico. Frente a esta escena, los vecinos se quejaron ante las autoridades.

De inmediato se desplazó una patrulla y le pidió soltar el arma. Según la versión que suministró la institución, el hombre desenfundó la pistola que portaba y uno de los uniformados le disparó anticipadamente porque habría estado en riesgo.

El sujeto perdió la vida y arrancaron las investigaciones para esclarecer el suceso en medio de serias dudas sobre la legalidad del procedimiento, dado que la familia del fallecido alegaba que él no representaba un peligro para Policía ni la comunidad.

Tres años después, el Ministerio Público los acompañó en ese argumento: “Al parecer, el disciplinable utilizó la fuerza de manera desproporcionada, inadecuada y desmedida al accionar su arma de dotación oficial contra Mario Alberto Gallego Cano”.

La interpretación que se le dio al caso es que, con base en el material probatorio recopilado, la víctima no se iba a enfrentar a los más de seis uniformados que acudieron al sector, quienes portaban armamento de corto y largo alcance (fusiles).

Los investigadores del caso afirmaron que, presuntamente, el actuar del patrullero no respondió a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, por lo que calificó su comportamiento como gravísima a título de dolo y deberá responder por ello.

En esta etapa procesal, podrá presentar descargos o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Ahora bien, el expediente pasará a manos de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá para que asuma el juzgamiento.

Escándalo en la Policía: subintendente es señalado de cobrar para no cerrar carnicerías en Antioquia

Un juez de la república envió a la cárcel a un miembro de la Policía Nacional que habría exigido dinero a cambio de no ordenar el cierre de carnicerías que infringían las normas en Antioquia.

La escena, que está siendo investigada por las autoridades judiciales, habría ocurrido el pasado 26 de octubre en el barrio Villa Paula del municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá.

Al parecer, exigió seis millones de pesos a la administradora de tres locales para no clausurar los espacios, dado que no estaba actualizado un certificado del cuerpo de bomberos de la localidad.

En la denuncia que llegó a la Fiscalía se lee que, pese a que la empleada le explicó que dicho documento estaba en trámite, el uniformado habría continuado con las intimidaciones para recibir el dinero.

Frente a las acusaciones y el material probatorio que fue recopilado por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, el subintendente de 36 años fue capturado por sus colegas de la Policía Nacional.

En medio de las audiencias preliminares, él no se allanó al delito de concusión que consiste en un comportamiento irregular donde el servidor abusa de su cargo para exigir dinero a cambio de realizar sus funciones.

En lo que va corrido de 2023, el ente de acusación ha judicializado a 23 uniformados por estas conductas. Mientras que un juez impuso 11 condenas por esta situación, más cohecho, hurto calificado y agravado.