Procuraduría investiga polémico jardín del Hospital General de Medellín

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 22 de enero la apertura de una investigación en la capital de Antioquia, cuyo foco es una entidad del conglomerado de la ciudad.

Se buscan establecer las supuestas irregularidades que rodean la construcción de un jardín en el Hospital General de Medellín, uno de los centros médicos públicos más importantes de Colombia.

La lupa se puso sobre el gerente de la empresa, Mario Fernando Córdoba Pérez. En el expediente se lee que las posibles inconsistencias se habrían dado en la suscripción de un contrato por 1.865 millones de pesos.

Ese proyecto fue denunciado ampliamente por el alcalde Federico Gutiérrez y el equipo de empalme del distrito, quienes presentaron serios cuestionamientos sobre la conveniencia de la obra.

El ente de control disciplinario estudia “la resolución de adjudicación emitida el 31 de agosto de 2023 por el centro médico, por medio de la cual, supuestamente, se contrató la construcción de un jardín vertical en la fachada de la institución”.

La polémica está en que la iniciativa tenía que estar terminada en un plazo máximo de cuatro meses, pero se venció el tiempo sin estar en firme; entre otras dudas que buscan resolver los investigadores.

El Ministerio Público también verificará las quejas que indican que, actualmente, el Hospital General de Medellín tendría deudas de aproximadamente 9 mil millones de pesos con el personal médico y casi 24 mil millones con proveedores.

“El ente de control busca esclarecer si las conductas pueden ser constitutivas de falta disciplinaria y ha solicitado las pruebas pertinentes”, se aclaró en el comunicado de prensa de este lunes.

Nuevo expediente salpica a exfuncionarios de Daniel Quintero con supuesta corrupción

La Fiscalía General de la Nación está adelantando una investigación por presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios públicos del distrito de Medellín. Las supuestas irregularidades coinciden con la gestión de Daniel Quintero Calle.

Las posibles inconsistencias se habrían cometido entre mayo de 2020 y diciembre de 2022 cuando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió tres contratos interadministrativos para entregarle a Metroparques cerca de 17.450 millones de pesos.

Al parecer, esta última entidad, mediante una invitación privada, le habría cedido a la empresa Comercializadora Jpino S. A. S. más de 2.415 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, un centro recreativo de la subregión.

Con este propósito, se le habría compartido 1.131 millones de pesos más a la empresa 1Soluciones que, de acuerdo con la Fiscalía, resultaría ser una organización de papel. El beneficio también lo recibió Estructuras Zafiro, pero con 848 millones de pesos.

Aunque los hallazgos fueron más allá. A juicio del ente de acusación, en la ejecución de estas contrataciones se habrían presentado sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de información de manera clara y oportuna.

Estas “conductas habrían permitido que más de dos mil ochocientos millones de pesos fueron a parar a manos de particulares”, se lee en el expediente conocido por SEMANA. En efecto, fueron imputadas cinco personas que tendrían relación con estos hechos.

Se trata de Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Espitia; Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas mencionadas por la Fiscalía General de la Nación.

Ellos están siendo procesados como presuntos responsables de las faltas de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.