Procuraduría pide a jueza dejar en libertad a secretaria de Educación de Medellín

Después que la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, fuera cobijada con la medida de casa por cárcel, por una solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el caso Buen Comienzo, en el que además están involucradas dos personas más, la defensa de la funcionaria calificó la detención como “injusta e ilícita”.

En el caso de Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, también fue dictada medida de aseguramiento. Para estos dos casos la defensa presenta recurso de apelación.

El otro implicado en el caso es Henry Paulison Gómez, representante legal de la corporación Colombia Avanza, entidad que se habría beneficiado del contrato. La juez no determinó medida de aseguramiento, por lo que la Fiscalía presenta recurso de apelación.

La procuradora del caso pidió la libertad de la secretaria de Educación durante la apelación a la decisión de medida de aseguramiento contra Agudelo.

La procuradora delegada hizo énfasis en que las pruebas presentadas por la defensa minimizan el riesgo de las funcionarias, y pidió al juez de segunda instancia que no imponga medida de aseguramiento contra la secretaria de Educación y la funcionaria Lina Gil, y se busquen alternativas diferentes a la casa por cárcel.

Dijo que el hecho de que sean funcionarias públicas no significa que sean ordenadoras del gasto e intervengan en los contratos investigados.

“No podemos dejar de lado varias situaciones que nos dan a conocer que, si bien son funcionarias públicas, no es equivalente o sinónimo de tener disposición y dominio de la celebración de contratos, y por ello, al revisar esa documentación de la defensa encuentro que en efecto el riesgo se minimiza. La posibilidad de la argumentación que se habla, de una reiteración, se pierde un poco en razón a que la Secretaría de Educación fueron con información aportada por la defensa y no tiene incidencia en la celebración de contratos”, dijo la procuradora del caso.

Asimismo, los abogados defensores Santiago Trespalacios y Mildred Hartmann dijeron que la medida es injusta e ilícita, y que la juez no escuchó los argumentos de defensa que desvirtúan a la Fiscalía “como si le estuvieran hablando a una pared”. Pidieron que el juez de segunda instancia revoque la decisión.

Cabe recordar que durante la audiencia el juez tomó varias decisiones con relación a los implicados, una de ellas es que la secretaria Alexandra Agudelo deberá abandonar el cargo.

Las decisiones fueron tomadas por el juez de garantías 39 municipal de Medellín, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos para la entrega de paquetes alimentarios.

La juez también estableció que las dos mujeres cobijadas con casa por cárcel deben ser separadas del cargo. La primera como secretaria de Educación y la segunda como asesora de la Secretaría de Inclusión Social.

Destaca que en el caso de Henry Gómez, lo deja en libertad, pero vinculado al proceso.

Frente a este tema, SEMANA conoció que en el transcurso de esta semana la secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, presentará su renuncia para defenderse en libertad.

Ante esto, la secretaria aseguró que acata las determinaciones de la justicia. “Con serenidad seguiré defendiendo mi buen nombre y la gestión que con transparencia he realizado en la Secretaría de Educación de Medellín”.

Destacó además que seguirá entregando las declaraciones que sean necesarias para demostrar su actuación dentro de la ley y buscando el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de Medellín.

A estas tres personas les imputaron los cargos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Son dos contratos que suman 23 mil millones de pesos los que la enredan ante el ente de acusación. Ambas iniciativas tenían el propósito de entregar paquetes alimentarios a los menores de edad y madres gestantes que estaban matriculados en Buen Comienzo.

Al parecer, la funcionaria, como ordenadora del gasto, habría omitido varios requisitos legales propios de la función pública para favorecer a la compañía que acaparó el proyecto, la corporación Colombia Avanza. Sin embargo, el dinero no se desembolsó.