Procuraduría pone la lupa a la crisis humanitaria en Necoclí; hay 10.000 migrantes varados en el municipio

La Procuraduría General de la Nación envió un grupo especial a la subregión del Urabá antioqueño para verificar la crisis humanitaria que se está viviendo en el municipio de Necoclí por cuenta de la ola de migrantes que buscan llegar a Panamá. En la zona hay preocupación, porque más de diez mil extranjeros están varados en el municipio.

El objetivo de este ente de control disciplinario es confirmar cómo están siendo tratadas las personas que inician su tránsito por el golfo de Urabá que, de momento, no están debidamente registradas ante el Gobierno colombiano, porque la capacidad institucional fue desbordada por la demanda de viajeros que cruzan por la selva del Darién.

Jeferson Mena, delegado de la Procuraduría para los asuntos étnicos, relató que el proceso de verificación inició en Necoclí, pero que se extenderá hasta las poblaciones de Chocó que también se están viendo afectadas con la crisis, principalmente, los sectores de Acandí y Capurganá, las montañas que comparten frontera con el vecino país.

“Como ustedes podrán ver, se evidencia el número de personas que llegan aquí constantemente con el ánimo de cruzar el golfo de Urabá, para lugar continuar su ruta hacia Panamá. Como Procuraduría, bajo las instrucciones de la doctora Margarita Cabello, nos desplazaremos para verificar las condiciones de esta crisis”, dijo el funcionario.

El control se pondrá sobre las entidades estatales que tienen la obligación de cumplir con los derechos humanos de los migrantes que, en su mayoría, están llegando de Venezuela, Ecuador, Asia y África. Todos comparten el sueño americano. El destino final de los caminantes es Estados Unidos, pero la batalla más difícil la tienen en el Darién.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo le jaló las orejas al Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) porque la emergencia requiere una presencia más activa, a razón de que el 20 % de los migrantes son niños y adolescentes que están al margen de las amenazas que hay en la travesía por Colombia.

Con base en las cuentas de este organismo, en los últimos 15 días han pasado cerca de 4.290 menores de edad. Ellos están en alto riesgo por el peligro de la trata de personas o la explotación sexual comercial que se ha denunciado ampliamente en el municipio de Necoclí, situación utilizada por algunos ciudadanos para costear el temido viaje.

“El incremento de la población migrante y refugiada en tránsito hacia el norte del continente ha hecho que la crisis humanitaria en la frontera con Panamá se agudice al igual que los riesgos de vulneración de derechos fundamentales para estas personas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde el Urabá.

Si bien se ha tenido el antecedente de olas migratorias, este año es más crítica porque la cantidad de personas que han pasado hacia Centroamérica supera los 150.000, en comparación a los 134.000 que cruzaron en los 12 meses de 2021. El Ministerio Público sospecha que estos números podrían aumentar en las próximas semanas.

Otro de los escenarios que preocupa a las autoridades son las condiciones de vulnerabilidad que tienen los caminantes. Por ejemplo, la situación económica es evidente en los recorridos y los esfuerzos que mantenerse en la fila de viajeros, por lo que los grupos armados podrían utilizarlos a su favor para cumplir objetivos criminales.

“En la Defensoría del Pueblo también encontramos que en la playa del municipio de Necoclí se encuentran al menos 1.000 personas en condición de habitabilidad en calle, entre ellos menores de edad en riesgo de vulneración de derechos a la seguridad alimentaria, salud, educación, entre otros”, concluyó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.