Procuraduría suspende al alcalde de Amagá, Antioquia, por irregularidades en un contrato

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión de cuatro meses del cargo al actual mandatario local de Amagá, Antioquia, Leonardo de Jesús Molina Rodas, por una serie de irregularidades que se identificaron en una contratación pública.

El proceso da cuenta de una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades probadas ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular en segunda instancia, pues se había reprochado en un primer momento.

Los enredos se remontan al año 2020, cuando el funcionario firmó un acuerdo de prestación de servicios con el hijo de la mujer que, en ese momento, tenían las riendas de la dirección de Bienestar Social de esa población del suroeste antioqueño.

En consecuencia, se vulneró la norma sobre la contratación estatal. Para el órgano de control disciplinario, “esa contratación no podía realizarse porque se trataba del hijo de una funcionaria que ocupaba un cargo directivo en una de las entidades del municipio”.

La agencia del Ministerio Público concluyó que la conducta del alcalde fue contraria a sus funciones. Entre tanto, a él le correspondía velar por las efectivas negociaciones del municipio, ajustándolas al reglamento legal y constitucional, se lee en el proceso.

“En su condición de alcalde municipal, debió haber observado el cuidado necesario en orden a verificar que la persona con quien suscribiría el contrato de prestación de servicios no estaba incursa en alguna causal de inhabilidad”, dijo la Procuraduría.

También se indicó que Leonardo de Jesús Molina Rodas desconoció el principio de moralidad y se calificó la falta como gravísima a título de culpa grave. Deberá estar cuatro meses fuera del cargo, faltando menos de un año para cerrar su período administrativo.

Por otro lado, la Procuraduría inició una indagación previa en contra de algunos funcionarios de la Alcaldía de Medellín por las supuestas presiones que estarían ejerciendo sobre el personal de la Secretaría de Educación para respaldar la candidatura de Albert Corredor.

En un documento de cinco páginas se resumió la denuncia que fue publicada por el diario El Colombiano. Allí se relató que varios empleados estarían siendo obligados a apoyar el nombre de este ciudadano, quien busca un puesto en las elecciones regionales.

Corredor tomó fuerza en 2019 cuando logró una silla en el Concejo por parte del partido Centro Democrático. Sin embargo, se divorció rápidamente de esta agrupación para sumarse a las filas del alcalde Daniel Quintero, luego de figurar en la oposición. Luego renunció al Concejo.

Precisamente, se investiga si la alianza política que tendría con el mandatario distrital habría facilitado las conductas que hoy son materia de estudio por parte del ente de control disciplinario. Al banquillo pasarán diez miembros de la Secretaría de Educación.

Denuncian que los puestos de los funcionarios estarían condicionados al apoyo que le dieran en las redes sociales a Corredor. Además, tendrían la obligación de asistir a sus eventos. Por ejemplo, en diciembre entregó regalos, natilla, buñuelos y sancochos.

Supuestamente, ellos debían firmar una serie de planillas con el propósito de verificar que estaban cumpliendo cada una de las peticiones. Todo esto se estaría direccionando desde grupos de WhatsApp donde monitorean los pasos de los contratistas de la administración.

Las áreas de la Secretaría de Educación que estarían comprometidas serían las siguientes: Vivero del Software, Programa Entorno Protector, Líder Futuro, Bilingüismo, Infraestructura, Observatorio de la Calidad Educativa, Planeación y Talento Humano.

Esta alerta expondría otras presuntas irregularidades. Se presume que varios empleados recibieron la orden de recolectar firmas para que el exconcejal pueda inscribir ante la Registraduría su candidatura a la Alcaldía de Medellín y así lograr el aval requerido.