Publican cartel del Clan del Golfo tras ataque en Yarumal, Antioquia

La Policía Nacional logró identificar a las cabezas visibles de las subestructuras del Clan del Golfo que delinquen en el municipio de Yarumal, Antioquia. El grupo de sicarios ordenó perpetrar la acción terrorista donde fallecieron dos miembros de la institución, mientras patrullaban la zona urbana de esa localidad del norte del departamento.

Los seis hombres que figuran en el cartel de los más buscados son integrantes de los brazos armados de Edwin Román Velásquez y Julio César Vargas, quienes lideran los homicidios sistemáticos contra la fuerza pública en las subregiones del norte y occidente de Antioquia, bajo el mando de alias Richard.

En el documento aparecen los alias de Sebastián, Ique, Fabián, Damián, Estiven y Daniel. Según las tareas de inteligencia de la Policía Nacional y la información suministrada por las comunidades, ellos asumen dentro de la organización ilegal las tareas de sicariato y, en las últimas semanas, son los encargados de generar terror en Yarumal.

Por información certera que permita establecer el sitio de permanencia de los señalados, el comando de la Policía en Antioquia está dispuesto a pagar hasta 50 millones de pesos. Además, diez millones por el nombre y ubicación de las personas que se desempeñan como campaneros, quienes advierten sobre los movimientos de los uniformados.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol revelaron que, por orden de Chiquito Malo -heredero del puesto de alias Otoniel dentro del Clan del Golfo- se distribuyen altas sumas de dinero en las calles del departamento a cambio de un homicidio contra policías y militares. De igual manera, les paga hasta un millón de pesos a los campaneros o puntos fijos.

Precisamente, en la acción terrorista que tuvo lugar en el barrio Santa Matilde de Yarumal hubo participación de civiles. Las primeras averiguaciones dan cuenta de que una persona pidió apoyo de los uniformados para atender una alteración del orden público. Una vez los policías iniciaron el desplazamiento hacia la zona, fueron atacados con armas de fuego.

En consecuencia, perdieron la vida la patrullera Luisa Fernanda Zuleta y el subteniente Sergio Yepes Páez mientras se movilizaban en una motocicleta. Ambos quedaron tendidos sobre el suelo y los ilegales se dieron a la huida mientras el hombre dada los últimos respiros y la mujer luchaba contra todo pronóstico por su vida; ella murió en Medellín.

El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que el doble homicidio está enmarcado en el plan pistola que ordenaron activar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como retaliación por los golpes que han recibido en las últimas semanas por parte del Estado, entre esas la extradición de Otoniel.

Él advirtió que las víctimas incumplieron el protocolo de patrullaje que se pidió modificar a inicios de julio cuando se empezaron a sumar los primeros policías asesinados en las zonas urbanas del departamento. Esa medida de prevención indica que los uniformados no pueden desplazarse en pareja, sino en grupos de cuatro personas para mitigar el riesgo.

Al parecer, ellos salieron del comando cuando una vez sonó la línea de emergencia 123 y no esperaron a los otros dos compañeros que estaban en otra zona del pueblo para llegar al sitio donde alguien estaba actuando de manera irregular, según la alerta falsa que sirvió para romper los esquemas de protección de la patrullera y el intendente.

“Para nosotros es un motivo de dolor. Pero tenemos que entender que, en nuestra profesión, vivimos estos riesgos. Hay momentos en que las necesidades de las comunidades son muchas y ellos, por el afán de atender bien al ciudadano, se dividen. Les estamos diciendo a diario que atiendan un procedimiento y luego van al otro. Se dividen y están poniendo en riesgo sus vidas”, comentó el comandante Daniel Mazo Cardona.

Con base en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, con corte al 14 de julio, 30 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en Antioquia. De esos, 22 casos ya tienen responsables y los procesos penales se están adelantando en el ente de acusación mientras avanzan en los homicidios restantes. El mes más violento ha sido julio.