Publicidad que resalta al alcalde de Medellín será investigada por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra la Alcaldía de Medellín por una polémica pancarta que resalta la gestión de Daniel Quintero y que habría generado supuesto detrimento patrimonial. La Contraloría también puso la lupa sobre la misma publicidad por presuntas irregularidades.

El punto de la discordia son los pasacalles que instaló la Secretaría de Comunicaciones en varios puntos de la ciudad donde, en dos renglones, dio por hecho que el mandatario “congelará la tarifa de los servicios públicos”. Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de este año, se fijaron, al menos, 250 carteles.

La campaña costó $ 73.780.000 y, al parecer, financiaría datos falsos, dado que “el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, indicó el Ministerio Público. Así las cosas, se está corroborando si los funcionarios públicos cometieron alguna falta disciplinaria en la estrategia.

El alcalde Daniel Quintero respondió a la información que emitió la Procuraduría General de la Nación e indicó que, tal como lo fijaron en la publicidad, es un objetivo por el que está trabajando: “Es la última promesa por cumplir y la vamos a cumplir”. El mismo escenario se planteó desde la Secretaría de Comunicaciones.

Además de este ente de control disciplinario, la Contraloría está investigando la denuncia que puso el exsecretario de Seguridad de la capital de Antioquia y precandidato a las elecciones locales, Andrés Tobón Villada, por las mismas supuestas irregularidades que se habrían cometido en la administración.

Él justificó ante la entidad que “la tarifa de los servicios públicos domiciliarios no se ha congelado, incluso, en algunos sectores viene aumentando considerablemente, lo que va en contravía a lo expresado por el señor alcalde”. Sin embargo, según la Alcaldía, ese no fue el sentido de la comunicación.

De igual manera, Tobón Villada alegó ante este órgano que el plan estratégico de comunicaciones del distrito debe estar enfocado en brindar información a la ciudadanía sobre la gestión y los logros, incluso, como un ejercicio de rendición de cuentas con parámetros básicos que habrían sido violados por los funcionarios.

Así lo anunció el exfuncionario en la queja que causó polémica en el Valle de Aburrá: “Es entendible siempre y cuando lo que se comunica sea eficaz, eficiente, verídico y real”. Ahí estaría la piedra en el zapato que le pidió analizar al ente de control, porque se habría protagonizado un daño patrimonial al Estado.

“En este caso, la administración distrital incurrió en gastos de recursos públicos comunicando información errónea y falsa”, agregó el precandidato. Él solicitó analizar el proceso de responsabilidad fiscal que habría en esta contratación. La Alcaldía dijo que no hubo datos incorrectos y lo engañoso sería la denuncia.

De manera especial, él pidió evaluar el manejo que le dio el alcalde Daniel Quintero Calle a la situación o el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo. Sobre la mesa están los $ 73.780.000 que se usaron para promocionar las gestiones del mandatario distrital.

Ahora bien, las vallas se colgaron cuando la Alcaldía le propuso al presidente Gustavo Petro, en el momento en que él tomó el control de la Creg, congelar las tarifas de los servicios públicos en los departamentos donde opera Empresas Públicas de Medellín para mejorar el bolsillo.

Esto beneficiaría a Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta. Sin embargo, la primera posibilidad se cayó cuando el Consejo de Estado dijo que Petro no se podía tomar la regulación de este mercado.

Después del fallido procedimiento ante la Casa de Nariño, él insistió en la propuesta ante la Creg que, desde entonces, no emite ‘humo blanco’ sobre la iniciativa que promovió Empresas Públicas de Medellín.